San Salvador, 7 de agosto de 2025 – Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que en 2019 asumió el poder como un joven líder millennial, enfrenta crecientes acusaciones de autoritarismo tras la aprobación, este jueves, de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. La medida, impulsada por el partido de Bukele, que controla la Asamblea Legislativa, ha sido calificada como un golpe definitivo a la democracia por analistas y organizaciones de derechos humanos.
La reforma, aprobada de manera exprés, elimina las restricciones constitucionales que prohibían la reelección, permitiendo a Bukele, en su segundo mandato, postularse indefinidamente. Aunque el presidente no ha confirmado sus planes, su vicepresidente, Félix Ulloa, había señalado previamente que un tercer mandato no era descartable. Bukele defendió la reforma, argumentando que no representa el “fin de la democracia” y atribuyendo las críticas al hecho de que El Salvador es un país “pequeño y pobre”.
Organizaciones como Cristosal, que recientemente cerró sus operaciones en el país por lo que denuncia como persecución gubernamental, calificaron la reforma como un paso hacia la consolidación del poder en manos de Bukele y su familia. “Es el tiro de gracia a la democracia en El Salvador”, afirmó la ONG. La analista política Bessy Ríos advirtió que los salvadoreños tienen hasta 2027 para decidir si aceptan este rumbo autoritario o buscan un cambio.
Bukele, cuya popularidad supera el 80% según encuestas recientes, ha basado su apoyo en la drástica reducción de la violencia en el país, lograda mediante un régimen de excepción de más de tres años. Sin embargo, este régimen acumula numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero eso a que maten a salvadoreños por la calle”, declaró Bukele en su discurso anual en junio.
La represión contra voces críticas ha escalado. Activistas como Ruth López, abogada de derechos humanos, y el constitucionalista Enrique Anaya enfrentan prisión por cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente, en casos que críticos consideran motivados políticamente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el uso del sistema penal para intimidar a defensores de derechos humanos.
Más de un centenar de activistas, periodistas y abogados han huido del país desde mayo, temiendo ser los próximos en ser encarcelados. Entre ellos está Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico Humanitario, y periodistas de El Faro, como Óscar Martínez, quienes denuncian un “ambiente de terror” bajo el gobierno de Bukele. Sergio Arauz, de El Faro, acusó al presidente de buscar silenciar a la prensa, especialmente tras la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30% a fondos extranjeros recibidos por organizaciones y medios, amenazando su viabilidad.
Analistas como Ríos y Noah Bullock, de Cristosal, coinciden en que Bukele mostró tendencias autoritarias desde el inicio de su mandato, considerando su gobierno un proyecto totalitario que no tolera disidencias. A pesar de su popularidad, sustentada en la reducción de homicidios, críticos advierten que la propaganda gubernamental y el miedo generalizado distorsionan la percepción pública. “La gente ha comprado el discurso de que es seguridad o derechos humanos”, señaló Ríos.
Bullock comparó la situación con Nicaragua, advirtiendo que El Salvador se encamina hacia una “dictadura plena” que podría derivar en mayor pobreza y conflicto. “La pérdida de derechos y libertades siempre termina mal”, concluyó.
Imágen cortesía: El Mundo
