El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la suspensión del decreto impulsado por Andrés Manuel López Obrador que permitía la regularización de vehículos extranjeros con un pago de 2,500 pesos, esquema que, de acuerdo con autoridades, generó graves afectaciones económicas, ambientales y diplomáticas.
Tan solo en lo que va del año, se introdujeron alrededor de 2.5 millones de unidades, muchas de ellas en violación del mismo decreto, lo que derivará en su retiro de circulación. Los vehículos asiáticos, europeos y los llamados salvage (siniestrados en Estados Unidos), así como aquellos emplacados en estados distintos a los de su ingreso, serán decomisados.
La medida responde, además, a la presión del gobierno estadounidense, que denunció la salida irregular de autos de su territorio. Washington advirtió que varios de estos vehículos ya circulan con placas mexicanas en carreteras de Texas, Arizona y California, lo que incluso provocó fricciones dentro del marco del T-MEC al afectar a las armadoras norteamericanas.
En Estados Unidos se han intensificado los decomisos y se advierte que, al tratarse de autos exportados ilegalmente, la sanción puede incluir el retiro de visas a los responsables. Los gobiernos estatales en México, por su parte, aplicarán multas y exigirán pagos adicionales de hasta mil dólares por destrucción y reciclaje inmediato, a fin de evitar saturación en corralones.
Autoridades alertaron también sobre el uso de pólizas de seguros engañosas. Varias compañías expidieron coberturas de Responsabilidad Civil para estos autos, pero filiales estadounidenses se han negado a reconocer siniestros, al tratarse de unidades en condición irregular frente a las leyes fiscales de ese país.
Finalmente, se llamó a la población a no dejarse llevar por la “importación de pánico”, ya que cualquier vehículo introducido bajo estas condiciones quedará fuera de circulación y sus dueños perderán la inversión.
