Celaya, Guanajuato, 17 de julio de 2025 – En regiones de México como Guanajuato, el crimen organizado ha intensificado su control sobre centros de salud, tomando quirófanos y salas de emergencia para obligar al personal médico a atender a sicarios heridos en enfrentamientos entre cárteles. Un médico de un hospital en Celaya, quien pidió anonimato por temor a represalias, relató cómo recibe amenazas telefónicas de madrugada: “Nos dicen que están cerca de donde vivimos con nuestra familia y que, si no atendemos a su herido, nos levantarán”.
El médico narró un caso en el que el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación lo contactó para exigir atención a un sicario herido por arma de fuego, mientras hombres armados custodiaban las entradas del hospital. “Nos quitan celulares, nos incomunican y amenazan con herirnos si activamos el Código Plata o avisamos a las autoridades”, afirmó, refiriéndose al protocolo que obliga a reportar incidentes violentos o heridos de bala.
Guanajuato, el estado con más homicidios en México (980 entre enero y abril de 2025, según datos oficiales), enfrenta una lucha territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que genera alta violencia y presión sobre los hospitales. Un ejemplo es la Clínica San Fermín en Celaya, que hasta hace tres años era utilizada por el Cártel de Santa Rosa para atender a sus heridos, pero en noviembre de 2022 fue atacada e incendiada por el cártel rival, quedando abandonada.
David Saucedo, analista de seguridad en Ciudad de México, explicó que los cárteles ocultan cadáveres en fosas para reducir las estadísticas de homicidios, lo que explicaría la disminución del 32.9% en víctimas de homicidio doloso (de 86.9 a 58.3 diarias) entre septiembre de 2024 y abril de 2025, mientras las desapariciones aumentaron a 40 por día en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum. “No hay menos muertes, hay menos cadáveres”, afirmó.
Guadalupe Correa-Cabrera, experta en narcotráfico de la Universidad George Mason, señaló que la corrupción y la impunidad permiten a los cárteles controlar territorios, afectando incluso hospitales. Casos similares se reportan en Cuernavaca, Mazatlán y Culiacán, donde comandos armados han irrumpido en centros médicos, asesinando pacientes o amenazando al personal. En 2022, México registró 14 incidentes violentos contra personal sanitario, con tres trabajadores asesinados y cinco secuestrados, según Insecurity Insight.
Algunos cárteles, como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, han creado clínicas privadas o móviles para atender a sus heridos, evitando hospitales públicos donde rivales podrían atacarlos. Bernardo Cajero, director de la Policía de Celaya, indicó que se han implementado operativos para custodiar hospitales, pero la presión sobre el personal médico persiste. “Esto no debería ser normal”, lamentó el médico, quien destacó el trauma que enfrentan los trabajadores sanitarios, muchos de los cuales solicitan permisos o ayuda psicológica tras estos incidentes.
Imágen cortesía: Milenio
