2 de diciembre de 2025
Washington, DC – La Casa Blanca confirmó este lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó un segundo ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas del Caribe el pasado 2 de septiembre, con el objetivo de “garantizar la destrucción del buque y la eliminación de la amenaza” tras quedar sobrevivientes en un primer impacto.
La portavoz Karoline Leavitt afirmó que la acción se realizó “en defensa propia” y “en total conformidad” con las leyes que rigen los conflictos armados. “El secretario Hegseth autorizó al almirante Frank Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos. El almirante actuó correctamente, dentro de sus atribuciones y cumpliendo la ley”, declaró Leavitt.
Las declaraciones confirman un reporte publicado la semana pasada por The Washington Post que reveló que Hegseth habría dado una orden no verbal para no dejar sobrevivientes después del primer ataque estadounidense contra la lancha.
El presidente Donald Trump había asegurado el domingo que “no habría querido” un segundo ataque y que Hegseth le negó haber dado esa instrucción. “Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres y le creo”, afirmó Trump.
Pese a ello, la portavoz presidencial insistió en que “el presidente tiene derecho a eliminarlos” cuando los barcos “representan una amenaza para Estados Unidos”. Leavitt anunció además que Trump se reunirá próximamente con su equipo de seguridad nacional para evaluar las operaciones en curso en el Caribe y los próximos pasos respecto a Venezuela.
Reacciones en el Congreso
Legisladores de ambos partidos han expresado alarma. El senador demócrata Tim Kaine calificó el hecho como potencial “crimen de guerra si se confirma”. Por su parte, el republicano Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, señaló que “si ocurrió, sería algo muy grave y coincido en que sería un acto ilegal”. Los comités de Servicios Armados de ambas cámaras han iniciado investigaciones.
Respuesta de Hegseth
Tras la filtración inicial, el secretario de Defensa publicó en X que las informaciones eran “noticias falsas” destinadas a “desacreditar a nuestros combatientes”. Aseguró que todas las operaciones en el Caribe son “legales bajo la ley estadounidense e internacional” y cuentan con el aval de abogados militares y civiles en toda la cadena de mando.
La Administración Trump sostiene que los ataques forman parte de una ofensiva contra cárteles de la droga, algunos de los cuales, según Washington, estarían controlados por el gobierno de Nicolás Maduro, aunque no ha presentado pruebas públicas al respecto.
Desde septiembre, más de 80 personas han muerto en operaciones estadounidenses contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, en el marco del despliegue de una gran flota naval ordenada por Trump cerca de las costas venezolanas.
Imágen cortesía: El País
