Santiago de Chile, 18 de marzo de 2026 — El presidente de Chile, José Antonio Kast, dio inicio oficial a la construcción de barreras físicas en la frontera norte del país con Perú y Bolivia, como parte de su promesa de campaña de endurecer el control migratorio y detener el ingreso irregular de personas, principalmente de origen venezolano.
Kast se trasladó a la región de Arica y Parinacota para supervisar personalmente el comienzo de las obras en las cercanías del paso fronterizo de Chacalluta. Frente a la prensa, el mandatario operó una máquina excavadora militar que abrió una profunda zanja en el sector.
“Hoy comenzamos a frenar la migración irregular”, declaró Kast, quien ha vinculado el aumento de la delincuencia en el país al ingreso masivo de migrantes sin documentación.
El plan gubernamental contempla la instalación de obstáculos en tres regiones del norte: Arica y Parinacota, Tarapacá (donde se ubica el paso de Colchane, principal punto de ingreso irregular desde Bolivia) y Antofagasta. Según el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las barreras físicas abarcarán aproximadamente 500 kilómetros de los 800 que conforman la frontera norte.
El gobierno estableció un plazo de 90 días para completar la infraestructura, aunque no detalló el tipo específico de barreras (zanjas, muros, alambrados u otras estructuras). Paralelamente, se incrementará el despliegue de personal militar en la zona y se mejorará la tecnología de vigilancia con drones, cámaras, sensores y equipamiento especializado.
Kast ha calificado la migración irregular, junto con el narcotráfico y el crimen organizado, como una vulneración sostenida a la seguridad nacional en los últimos años. Durante su campaña, hizo de estos temas el eje principal de su propuesta, prometiendo un “gobierno de emergencia” para combatirlos.
De acuerdo con datos del Servicio Nacional de Migraciones, los ingresos irregulares han mostrado una disminución sostenida desde el pico alcanzado en 2021. En 2025 se registraron 26.275 denuncias por ingreso por pasos no habilitados, lo que representa una caída del 10,2% respecto al año anterior.
Actualmente, en un país de alrededor de 20 millones de habitantes, residen aproximadamente 337.000 migrantes en situación irregular, la mayoría de nacionalidad venezolana.
A pesar del incremento en ciertos delitos —incluyendo asesinatos y secuestros vinculados a bandas extranjeras como el Tren de Aragua—, Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de Latinoamérica: 5,4 por cada 100.000 habitantes en 2025.
Como medida complementaria, el Ejecutivo anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley: uno que sancionaría a quienes faciliten el ingreso irregular de migrantes y otro que tipificaría como delito el acceso ilegal al territorio nacional.
La iniciativa ha generado debate en la región, ya que Perú y Bolivia han expresado preocupación por el impacto en el flujo migratorio y en las comunidades fronterizas binacionales. El gobierno chileno sostiene que las medidas buscan recuperar el control soberano de las fronteras y garantizar la seguridad interna.
Imágen cortesía: Red Social C
