9 de octubre de 2025
El cierre parcial del Gobierno federal de Estados Unidos cumple nueve días sin visos de resolución, mientras las negociaciones entre republicanos y demócratas permanecen estancadas en el Congreso. La agencia tributaria, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), anunció la suspensión temporal de más de 34.000 empleados, lo que representa casi la mitad de su fuerza laboral de 74.000 personas. Solo 39.870 trabajadores, considerados esenciales, continuarán laborando sin pago inmediato, en medio de un impasse presupuestario que afecta servicios clave y genera grietas internas en el Partido Republicano.
La medida del IRS, efectiva desde el 8 de octubre, se produce tras la falta de acuerdo sobre un proyecto de ley de financiamiento temporal. “Debido a la interrupción en las asignaciones presupuestarias, la mayoría de las operaciones del IRS están cerradas”, indicó la agencia en un comunicado interno. Los empleados suspendidos recibirán pago retroactivo una vez que se reanude el financiamiento, de acuerdo con la Ley de Tratamiento Justo para Empleados Gubernamentales de 2019, firmada por el entonces presidente Donald Trump. Sin embargo, el actual mandatario ha insinuado que “depende” de ciertos factores si todos los 600.000 empleados federales afectados obtendrán su compensación atrasada, lo que ha avivado críticas de demócratas y sindicatos.
En el Congreso, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, aliada cercana de Trump, arremetió contra su propio partido por no avanzar en un acuerdo. “Los republicanos deben unirse y presionar para reabrir el Gobierno sin concesiones a los demócratas”, escribió Greene en redes sociales, destacando las divisiones internas que complican la aprobación de una resolución continua de financiamiento. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha condicionado la juramentación de la representante electa demócrata Adelita Grijalva (Arizona) hasta que se resuelva el cierre, pese a precedentes que permiten hacerlo en sesiones pro forma. Demócratas acusan a Johnson de bloquear su ingreso para impedir que Grijalva firme una petición de descarga que forzaría una votación sobre la liberación de archivos relacionados con Jeffrey Epstein.
Amenazas presidenciales y despliegue militar en ciudades demócratas
Trump ha intensificado su retórica contra líderes demócratas, amenazando con enviar a prisión al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y al alcalde de Chicago, Brandon Johnson, por supuestamente fallar en proteger a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE. ¡El gobernador Pritzker también!”, publicó el presidente en Truth Social el 8 de octubre. Estas declaraciones coinciden con la llegada de tropas de la Guardia Nacional de Texas e Illinois a las afueras de Chicago, a unos 60 millas de la ciudad, para apoyar operativos migratorios federales.
La senadora demócrata por Illinois, Tammy Duckworth, rechazó calificar a Chicago como una “zona de guerra” y criticó el despliegue militar sin consentimiento local. “La mayoría de los estadounidenses rechaza el envío de tropas sin el aval de gobiernos estatales y municipales”, afirmó Duckworth, citando encuestas que muestran un 60% de oposición a tales medidas. Inmigrantes en Chicago viven en vilo ante la presencia de la Guardia Nacional, que inicialmente se instalará en una base militar cercana antes de desplegarse en la urbe, donde se han reportado protestas contra redadas de ICE que han resultado en más de 1.000 detenciones desde septiembre.
Trump ha invocado la Ley de Insurrección, última vez usada por George W. Bush en 2006, para justificar posibles intervenciones federales en ciudades como Chicago y Portland. En Oregon, un intento fallido de desplegar la Guardia Nacional de California fue bloqueado por un juez federal, quien lo calificó de “abuso de poder” para sortear fallos previos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, visitó un centro de ICE en Portland el 7 de octubre, donde se enfrentó a un pequeño grupo de manifestantes. Acompañada por influencers conservadores, Noem oró por la seguridad de los agentes y acusó a los locales de no cooperar, en medio de protestas que han incluido el uso de gas lacrimógeno por parte de fuerzas federales.
Audiencias tensas y propuestas controvertidas
En el Senado, la fiscal general Pam Bondi protagonizó un intercambio tenso durante su audiencia de supervisión, evadiendo preguntas de demócratas sobre investigaciones relacionadas con Epstein, el exdirector del FBI James Comey y posibles sobornos en operativos migratorios. “No voy a discutir conversaciones con la Casa Blanca”, respondió Bondi repetidamente, desviando las interrogantes hacia supuestos lazos demócratas con asociados de Epstein. La audiencia, que duró más de cuatro horas, fue calificada por el senador Dick Durbin como un “intercambio de muchas preguntas y pocas respuestas”.
Greene, por su parte, impulsó nuevamente su proyecto de ley para declarar el inglés como idioma oficial de Estados Unidos, esta vez vinculándolo a la actuación del rapero puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl. “América tiene cuatro meses para aprender español antes de su actuación no deseada; es hora de aprobar mi ley”, tuiteó la congresista, reviviendo el English Language Unity Act de marzo.
Caída en popularidad y impacto en aeropuertos
La popularidad de Trump se desploma entre los jóvenes: un sondeo de Pew Research indica que solo el 69% de sus votantes menores de 35 años aprueba su gestión, una caída de 23 puntos desde febrero. Entre sus seguidores en general, la aprobación bajó del 95% inicial al 85% actual. El cierre ya impacta en aeropuertos, con demoras en seguridad y vuelos debido a la ausencia de personal no esencial.
Mientras el Tesorero de EE.UU. confirmó planes para emitir una moneda conmemorativa de $1 con el rostro de Trump para el 250 aniversario de la independencia en 2026 —incluyendo una imagen de él con el puño en alto y la frase “fight, fight, fight”—, Trump acusó a gobernadores y alcaldes demócratas de obstruir la aplicación de leyes migratorias. La Casa Blanca insiste en que el cierre es culpa de los demócratas por no aceptar una resolución “limpia”, pero expertos advierten que podría extenderse semanas, exacerbando la crisis económica y social.
Con audiencias judiciales pendientes sobre los despliegues militares y presiones crecientes para un acuerdo presupuestario, el octavo día del cierre deja al descubierto profundas divisiones partidistas que amenazan con prolongar la parálisis gubernamental.
Imágen cortesía: Getty Images
