Información disponible en registros públicos muestra que diversos actores políticos concentran concesiones de agua que, en conjunto, superan 6.2 millones de metros cúbicos anuales, volumen equivalente a más de 2 mil 500 albercas olímpicas, en un contexto marcado por el debate nacional sobre el acceso y la gestión del recurso hídrico.
Dentro de estos registros figura Américo Villarreal, quien cuenta con siete concesiones que suman 381 mil 951 metros cúbicos de agua al año, con títulos otorgados en Tamaulipas y Guanajuato, de acuerdo con la información oficial consultada.
El tema ha generado cuestionamientos debido a que, de manera paralela, desde el ámbito político se impulsa un discurso enfocado en la justicia hídrica y en evitar la privatización del agua. Analistas señalan que la concentración de concesiones en manos de figuras políticas contrasta con dichas posturas y abre un debate sobre la equidad en el uso del recurso.
La discusión se intensifica ante la propuesta de una nueva Ley de Aguas, que plantea un mayor control estatal en la administración del líquido. Mientras algunos sectores consideran que podría fortalecer la rectoría del Estado, otros advierten sobre posibles riesgos de falta de transparencia en la asignación y supervisión de las concesiones.
El análisis de estos datos ha reavivado una pregunta central en la agenda pública: cómo garantizar un manejo equitativo y transparente del agua en un país donde la disponibilidad del recurso es cada vez más limitada y su distribución continúa siendo motivo de debate.
