La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos aprobó este miércoles un pedido de emergencia del gobierno de Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a aproximadamente 60,000 inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión revoca una medida temporal dictada por una jueza de distrito en julio, que había extendido la validez del TPS hasta el 18 de noviembre mientras se resolvía el caso.
El fallo, emitido por un panel de tres jueces designados por los ex presidentes Bill Clinton, George W. Bush y Donald Trump, no incluyó una explicación detallada de las razones detrás de la decisión ni justificó por qué se consideró una “emergencia”. Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA, criticó la falta de razonamiento, afirmando que esta acción está lejos de cumplir con los estándares del debido proceso. “La decisión expone a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación. Merecen algo mejor”, declaró en un comunicado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.
Con esta resolución, el gobierno federal puede proceder con la terminación del TPS, afectando a unos 7,000 nepalíes, cuyas protecciones ya han expirado, y a 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses, cuyo estatus vencerá el 8 de septiembre. El Departamento de Seguridad Nacional había anunciado en julio la eliminación del TPS para Nepal en agosto y para los dos países centroamericanos en septiembre.
Los beneficiarios del TPS de Honduras y Nicaragua han vivido en Estados Unidos bajo esta protección desde 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch, que dejó una profunda crisis humanitaria en la región. Por su parte, los nepalíes afectados han residido legalmente en el país por más de una década. “No puedo creer que el gobierno quiera quitarme mi estatus legal y separarme de mi hijo. Mi vida está aquí”, expresó Jhony Silva, un hondureño beneficiario del TPS, citado por la ACLU.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida, argumentando que el TPS fue diseñado como una protección temporal. Sin embargo, la decisión ha generado preocupación entre las comunidades afectadas, que enfrentan un futuro incierto ante la posibilidad de deportación.
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