Washington D.C., 10 de febrero de 2026 – La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito emitió un fallo que suspende temporalmente una orden judicial previa y respalda la decisión del gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.
En un mensaje difundido en redes sociales, Noem calificó la determinación como “una victoria para el Estado de derecho y una reivindicación de la Constitución de los Estados Unidos”. Acusó a la administración anterior de haber abusado del programa TPS al permitir la entrada de “terroristas violentos, criminales y amenazas a la seguridad nacional”.
El panel de tres jueces del Noveno Circuito concedió una suspensión (stay) a la orden de la jueza federal Trina Thompson, del Distrito Norte de California, quien en diciembre de 2025 había anulado las terminaciones al considerar que el proceso fue inadecuado y no evaluó correctamente las condiciones en los países de origen. El tribunal de apelaciones determinó que el gobierno tiene altas probabilidades de éxito en su apelación, ya sea por falta de jurisdicción del tribunal inferior o porque las decisiones de la secretaria están respaldadas por la ley y el expediente administrativo.
Noem enfatizó que el TPS “nunca fue diseñado para ser permanente”, sino que administraciones previas lo convirtieron en “un programa de amnistía de facto durante décadas”. Argumentó que, dada la mejora de las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal, es apropiado concluir con designaciones que debían ser temporales.
El TPS protege a nacionales de ciertos países ante situaciones de violencia, desastres naturales o dificultades graves, permitiendo que permanezcan en Estados Unidos sin ser deportados y autorizándolos a trabajar legalmente, aunque sin camino a la ciudadanía. Las designaciones para Honduras y Nicaragua datan de 1998-1999 por el huracán Mitch, mientras que la de Nepal inició en 2015 tras un terremoto.
Organizaciones de defensa de migrantes han criticado la medida, argumentando que no se consideran adecuadamente los riesgos persistentes en estos países y que miles de personas —quienes han construido vidas, familias y empleos en Estados Unidos durante décadas— se verían afectadas.
La suspensión emitida por el Noveno Circuito permanece vigente mientras se resuelve la apelación completa. El caso se origina en una demanda presentada por la Alianza Nacional TPS y beneficiarios de Nicaragua, Honduras y Nepal contra las terminaciones anunciadas en 2025 por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Imágen cortesía: The Nation
