9 de diciembre de 2025
Joshua Aaron, el desarrollador texano que creó ICEBlock —la popular aplicación para iPhone que alertaba en tiempo real sobre la presencia de agentes de inmigración—, presentó una demanda federal contra la administración Trump al considerar que el gobierno violó su derecho a la libertad de expresión al presionar a Apple para que retirara el programa de su tienda.
La acción legal acusa directamente a la fiscal general Pam Bondi, a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, al director interino de ICE Todd M. Lyons y al zar de la frontera Tom Homan de emplear “amenazas ilegales” para forzar la eliminación de la aplicación y de intentar intimidar penalmente a Aaron y a su familia.
Apple retiró ICEBlock y otras apps similares en octubre, días después de que Bondi anunciara que su oficina había exigido a la compañía eliminar el programa por considerar que ponía en peligro a los agentes de ICE. La aplicación, que superó el millón de usuarios, funcionaba con reportes comunitarios similares a los que utiliza Waze para avisar de controles policiales.
“Pedimos al tribunal que declare que ICEBlock es discurso protegido por la Primera Enmienda y que no cometí ningún delito al crearla”, explicó Aaron. “También buscamos que cese el hostigamiento contra mí y mi familia y que se fije un precedente para que no puedan repetirlo con otros desarrolladores”.
En el correo que Apple envió a Aaron, la empresa justificó la decisión al afirmar que la aplicación violaba sus normas al proporcionar información sobre la ubicación de agentes que podía usarse para causarles daño. El desarrollador responde que ICEBlock operaba de forma idéntica a funciones ya existentes en Apple Maps o Google Maps que permiten reportar presencia policial.
Google también eliminó aplicaciones similares de su tienda Play Store en octubre.
Aaron lanzó la aplicación en abril de 2025 como herramienta para que las comunidades inmigrantes pudieran alertarse ante redadas sorpresa. Desde su eliminación, asegura que las operaciones de ICE se han intensificado sin la vigilancia ciudadana que permitía la app.
El Departamento de Justicia declinó comentar sobre la demanda más allá de las declaraciones previas de Bondi, quien en octubre advirtió que estaban “investigando y vigilando” al desarrollador.
El caso podría definir hasta qué punto puede el gobierno federal presionar a empresas tecnológicas privadas para silenciar contenido considerado inconveniente.
Imágen cortesía: Redit
