La aspirante de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, presentó este miércoles 4 de noviembre una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y otros familiares, por presuntos delitos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos.
Entre los señalamientos se encuentran delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la morenista, la denuncia se sustenta en investigaciones periodísticas que apuntan a una presunta red de empresas mediante la cual recursos del Gobierno de Nuevo León habrían sido transferidos a un despacho jurídico relacionado con el entorno familiar del mandatario estatal.
Flores señaló que las autoridades deben investigar el origen, destino y beneficiarios de los recursos, al considerar que las transferencias a cuentas privadas no eliminan la obligación de rendir cuentas sobre el uso del dinero público.
La política acudió a las instalaciones de la FGR acompañada del diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar y el senador Alejandro Murat, quienes respaldaron la presentación de las acusaciones.
Además, presentó una segunda denuncia contra el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y la excontralora municipal Jovita Morín, por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de la empresa Next Energy.
En ambos casos, solicitó la intervención del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con el objetivo de esclarecer las operaciones financieras.
Samuel García ha rechazado los señalamientos de irregularidades. Por su parte, Clara Luz Flores insistió en que corresponde a las autoridades investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades penales.
La presentación de las denuncias no implica que los señalados sean culpables, por lo que deberán respetarse los procedimientos legales y la presunción de inocencia.
