Guadalajara, Jalisco, 30 de enero de 2026 – La Fiscalía del Estado de Jalisco imputó a Norma Ilda “N”, exagente de control vehicular del Servicio Estatal Tributario, por el delito de falsificación de documentos oficiales, tras facilitar placas de circulación legítimas a vehículos con reporte de robo, incluido un Ferrari de lujo.
La detención de la servidora pública se concretó luego de que las investigaciones rastrearan la gestión administrativa irregular de láminas jaliscienses a un superdeportivo Ferrari que circulaba con reporte de robo vigente en Estados Unidos. El vehículo fue asegurado en Morelia, Michoacán, durante un operativo vial por exceso de velocidad, donde los agentes constataron que, pese al alerta internacional, portaba placas emitidas por la administración de Jalisco.
De acuerdo con el expediente, la conducta imputada permitió que unidades con irregularidades legales o reportes de robo obtuvieran documentación oficial del estado, vulnerando los sistemas de control vehicular y administrativo.
Tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, un juez de control calificó como legal la detención y dictó prisión preventiva justificada contra Norma Ilda “N”. La funcionaria fue trasladada a un centro penitenciario, mientras su defensa se acogió al término constitucional.
La audiencia de vinculación a proceso se realizará el 30 de enero, fecha en la que la autoridad judicial determinará si existen elementos suficientes para iniciar el juicio formal por falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado y organismos autónomos.
La Fiscalía de Jalisco informó que la investigación continúa abierta para establecer si existen más servidores públicos involucrados en posibles redes de corrupción que facilitaban la legalización de vehículos ilícitos. La dependencia reiteró su compromiso de sancionar el uso indebido de cargos públicos para encubrir actividades delictivas y vulnerar la fe pública.
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, el delito de falsificación de documentos oficiales (Artículo 162) contempla penas de dos a cinco años de prisión. Al tratarse de un servidor público en ejercicio de sus funciones, se aplican agravantes que pueden incrementar la sanción hasta en una mitad adicional. Además, en casos de corrupción administrativa, procede la destitución e inhabilitación definitiva para ocupar cualquier cargo público (Artículo 41).
Las autoridades enfatizaron que este tipo de conductas afecta la seguridad vial y la confianza en las instituciones, por lo que se mantendrán las acciones para identificar y sancionar a quienes participen en la alteración de documentos oficiales.
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