El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, al señalar al grupo criminal como uno de los principales responsables del robo de combustible y de la expansión de un mercado negro de energía que afecta a ambos lados de la frontera.
En un comunicado emitido este miércoles 17 de diciembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, informó que la organización criminal obtiene gran parte de sus ingresos ilícitos del saqueo de petróleo y combustibles en el estado de Guanajuato, actividad conocida como huachicol.
De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas operaciones alimentan un mercado ilegal transfronterizo que perjudica a empresas legítimas de petróleo y gas natural en Estados Unidos, además de privar al Gobierno mexicano de ingresos estratégicos. El Tesoro subrayó que el robo de combustible se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con el narcotráfico para los cárteles mexicanos.
“El presidente Trump ha sido claro en su compromiso de eliminar a los cárteles para proteger al pueblo estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que su dependencia está actuando para aislar a estas organizaciones del sistema financiero internacional y bloquear sus rutas de lavado de dinero.
El gobierno estadounidense también atribuyó al CSRL un papel clave en el incremento de la violencia en Guanajuato, derivado de su disputa territorial con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como su participación en el tráfico de drogas, incluida la heroína con destino a Estados Unidos.
Respecto a su líder, el Tesoro afirmó que, pese a estar preso desde 2020 y cumplir una sentencia de 60 años por secuestro, El Marro continúa influyendo en las operaciones del cártel desde la cárcel, presuntamente mediante intermediarios cercanos. Incluso, se le atribuye haber impulsado alianzas criminales desde prisión.
Como consecuencia de estas sanciones, todos los bienes y activos vinculados a las personas designadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos de ese país, quedan congelados y deberán ser reportados a la OFAC, en un nuevo golpe financiero contra una de las organizaciones criminales más violentas del centro de México.
