Cambridge, Massachusetts – La secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, ha emitido una advertencia contundente a la Universidad de Harvard, exigiendo registros detallados sobre presuntas “actividades ilegales y violentas” de estudiantes internacionales antes del 30 de abril de 2025. En caso de incumplimiento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amenaza con revocar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), lo que impediría a Harvard emitir formularios necesarios para que estudiantes extranjeros obtengan visas de ingreso al país.
Según el DHS, Harvard alberga a 6.793 estudiantes internacionales, quienes representan el 27,2% de su matrícula en el año académico 2024-25. La pérdida de esta certificación podría tener un impacto significativo en la diversidad y el prestigio global de la institución. Además, el DHS anunció la cancelación de dos subvenciones federales a Harvard por un total de 2,7 millones de dólares.
En una carta citada por The Harvard Crimson, Noem acusa a la universidad de fomentar un “ambiente de aprendizaje hostil” para estudiantes judíos, en medio de tensiones derivadas de protestas en el campus relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas. La carta solicita información sobre amenazas de titulares de visas contra otros estudiantes o personal, obstrucciones al entorno educativo y medidas disciplinarias tomadas por la universidad.
Harvard, por su parte, defendió su postura en un comunicado, afirmando que no cederá su independencia ni sus derechos constitucionales. “Seguiremos cumpliendo la ley y esperamos que la administración haga lo mismo”, señaló un portavoz, exigiendo que cualquier acción federal se base en pruebas sólidas y respete los procedimientos legales.
Esta controversia se suma a medidas previas de la administración Trump, que congeló más de 2.000 millones de dólares en subvenciones y contratos a Harvard por negarse a eliminar programas de diversidad, equidad e inclusión, prohibir mascarillas en protestas, reformar procesos de contratación y admisión, y reducir la influencia de profesores y administradores considerados activistas por la Casa Blanca.
La administración también ha intensificado la revocación de visas a estudiantes, profesores e investigadores en varias universidades, citando desde presunto apoyo a organizaciones terroristas hasta delitos menores cometidos en el pasado.
Imagen cortesía: CNN
