El Gobierno de Estados Unidos pidió a sus socios internacionales suspender las relaciones comerciales habituales con Nicaragua, luego de que avanzara una reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó la aprobación en primera legislatura de los cambios constitucionales y acusó a las autoridades nicaragüenses de debilitar aún más las condiciones democráticas del país.
Rubio sostuvo que las modificaciones buscan consolidar la permanencia de Ortega y Murillo en el poder y afirmó que Washington considera que las nuevas disposiciones dificultan la celebración de elecciones libres y competitivas.
Ante este escenario, el funcionario llamó a otros países a poner fin a sus operaciones comerciales habituales con el Gobierno nicaragüense, al considerar que los regímenes acusados de vulnerar derechos fundamentales no deberían recibir los mismos beneficios económicos y políticos que las administraciones democráticas.
El jefe de la diplomacia estadounidense también aseguró que la situación política de Nicaragua representa, desde la perspectiva de Washington, un riesgo para la estabilidad y prosperidad de la región.
Rubio agregó que la Administración de Donald Trump continuará evaluando medidas contra el Gobierno de Managua por presuntas violaciones a los derechos humanos y adelantó que el tema seguirá siendo abordado en organismos internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El pronunciamiento se produce después de que el Parlamento nicaragüense aprobara, en una primera etapa, una reforma constitucional que contempla impedir el acceso a cargos de elección popular a personas consideradas “traidores a la patria”, además de ampliar a siete años el periodo presidencial.
Las modificaciones fueron promovidas por Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 y actualmente comparte el Poder Ejecutivo con Rosario Murillo bajo la figura de copresidentes establecida tras una reforma constitucional previa.
Para que los nuevos cambios entren en vigor deberán recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura de la Asamblea Nacional.
Las reformas también modificaron el calendario político del país. Las elecciones generales estaban previstas originalmente para noviembre de 2026, pero la ampliación del periodo presidencial llevaría los próximos comicios a noviembre de 2027.
Estados Unidos ha acusado reiteradamente al Gobierno nicaragüense de perseguir a opositores, restringir libertades políticas y deteriorar las instituciones democráticas, señalamientos que han derivado en sanciones contra funcionarios y organismos oficiales.
La presión internacional sobre Managua también ha aumentado en la OEA, cuyo Consejo Permanente aprobó recientemente convocar una reunión de cancilleres para analizar la situación política de Nicaragua.
