30 de abril de 2025
Una investigación basada en registros judiciales y declaraciones en tribunales federales revela que el Gobierno de Donald Trump ordenó designar a miles de estudiantes internacionales como criminales sin verificar la veracidad de la información, afectando gravemente su estatus migratorio.
Los documentos muestran que las autoridades modificaron los registros de estudiantes en el Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS), lo que resultó en su exclusión de clases, trabajos y universidades, e incluso en recomendaciones de abandonar el país, a pesar de que cumplían con las normas migratorias.
El factor común entre los afectados fue haber tenido algún contacto menor con las
System: fuerzas del orden, como infracciones de tránsito, consumo de alcohol siendo menor de edad o pequeños hurtos. Muchos de estos casos nunca llegaron a juicio, fueron desestimados o los acusados fueron declarados inocentes. Sin embargo, los datos de estos incidentes, almacenados en bases gubernamentales masivas, fueron utilizados por funcionarios de la administración Trump sin realizar revisiones individuales, violando el principio de presunción de inocencia.
Reacciones judiciales y consecuencias
Jueces federales, como Ana Reyes y Sparkle Sooknanan, expresaron su frustración ante la falta de garantías procesales y la incapacidad del Gobierno para justificar sus acciones. En una audiencia el 16 de abril, Reyes exigió respuestas claras sobre el estatus legal de un estudiante, sin obtenerlas. “Esto no es el visado de Schrödinger”, dijo, criticando la ambigüedad gubernamental.
Las consecuencias para los estudiantes han sido devastadoras: muchos perdieron su estatus legal, algunos abandonaron el país por temor a ser detenidos, y otros enfrentan costosas batallas legales. Abogados como Bradley Bruce Banias, que representa a varios afectados, aseguran que la estrategia del Gobierno busca intimidar a los estudiantes para que se “autodeporten”.
Un programa cuestionado
El alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Andre Watson, reveló en una audiencia el 29 de abril que el programa, denominado “iniciativa de estudiantes extranjeros criminales”, cotejó los nombres de 1.3 millones de estudiantes con el Centro Nacional de Información sobre Delitos (NCIC). Como resultado, se dio de baja a 3,000 estudiantes en el SEVIS, a menudo sin verificar la resolución de los casos.
Los abogados denuncian que las cancelaciones se realizaron sin notificación ni oportunidad de defensa, lo que vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo. Algunos, como Jon Wasden, plantean que estas decisiones podrían haber sido tomadas por algoritmos, cuestionando si la inteligencia artificial puede reemplazar la toma de decisiones humanas en procesos migratorios.
Implicaciones más amplias
El caso pone en evidencia los riesgos de los sistemas masivos de datos gubernamentales. Jay Gairson, abogado de estudiantes afectados, advierte que estos errores serán más frecuentes si no se establecen controles adecuados. Actualmente, el DHS enfrenta más de 100 casos legales, lo que, según sus funcionarios, desvía recursos de tareas de seguridad nacional.
Mientras tanto, en el ámbito universitario, las protestas persisten. En la Universidad de Columbia, simpatizantes propalestinos mantienen un campamento de protesta, y en Washington, D.C., estudiantes de Georgetown exigen justicia para casos como el de Mahmoud Khalil, un académico que enfrenta deportación.
El Departamento de Estado y el DHS evitan comentar sobre los litigios en curso, pero las revisiones internas están en marcha. Los tribunales, por su parte, continúan exigiendo respuestas a una práctica que ha dejado a miles de estudiantes en un limbo legal.
Imágen cortesía: Forbes
