Washington, 24 de julio de 2025 – El Gobierno de Estados Unidos ha implementado nuevas medidas para acelerar la deportación de menores migrantes no acompañados que llegan al país sin un padre o tutor, según fuentes del Departamento de Seguridad Nacional. Estas directrices marcan un cambio significativo en el protocolo, que tradicionalmente requería transferir a estos menores al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para su cuidado. Ahora, agentes federales están preguntando a los menores si desean salir voluntariamente del país.
La nueva política, que se enfoca en menores de 14 a 17 años de países no contiguos a Estados Unidos, permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ofrecer la opción de “autodeportación”. Si el menor acepta, es entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su deportación. Si ICE no los recoge en 72 horas, los menores son remitidos a HHS. Un portavoz de Seguridad Nacional afirmó que esta práctica busca priorizar el regreso de los menores a sus países de origen, amparada en la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de 2022, y amplía la opción de autodeportación más allá de México y Canadá.
Críticos, como Neha Desai del National Center for Youth Law, advierten que los menores no están en condiciones de comprender las consecuencias de la autodeportación sin asesoría legal, acusando al Gobierno de usarlos como “peones” en una campaña de deportaciones masivas. La medida se suma a otras acciones, como la verificación más estricta de patrocinadores y la reducción de servicios legales para menores, lo que podría disuadir a familias inmigrantes de acogerlos.
La administración del presidente Donald Trump justifica estas políticas señalando el aumento de menores no acompañados en la frontera sur durante el Gobierno anterior, aunque exfuncionarios y expertos refutan las afirmaciones de que estos niños están en situaciones peligrosas. Las nuevas directrices han generado preocupación por su impacto en una población vulnerable protegida por la legislación federal, que busca garantizar evaluaciones para detectar víctimas de trata o persecución.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes alertan que estas medidas representan un retroceso en las protecciones establecidas para menores no acompañados, quienes a menudo son ubicados con familiares en Estados Unidos mientras se resuelven sus casos migratorios.
