Washington, 31 de julio de 2025.- El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, por ordenar medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Las sanciones, basadas en la Ley Magnitsky, bloquean cualquier propiedad de De Moraes en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos de ese país.
El Departamento del Tesoro, liderado por Scott Bessent, justificó la medida acusando al magistrado de encabezar una “campaña represiva” que incluye censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados contra Bolsonaro, aliado del presidente Donald Trump. Entre las medidas impuestas por De Moraes al exmandatario están el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de usar redes sociales y un toque de queda nocturno.
Esta acción se suma a la revocación del visado de De Moraes el pasado 18 de julio, que le impide ingresar a Estados Unidos. Bessent advirtió que Washington continuará “exigiendo responsabilidades” a quienes considere una amenaza para los intereses estadounidenses.
El caso ha generado tensiones entre Brasil y Estados Unidos. Trump, que ha calificado el proceso contra Bolsonaro como una “cacería de brujas”, anunció aranceles del 50% sobre productos brasileños como medida de presión. En respuesta, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva defendió la soberanía nacional y advirtió sobre posibles represalias comerciales.
Bolsonaro enfrenta cargos por liderar un presunto complot golpista para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022, en el que estarían involucrados exministros y militares de alto rango. Este no es el único caso en el que Washington interviene en asuntos judiciales latinoamericanos, ya que recientemente condenó el fallo contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno.
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