El fiscal general de California, Rob Bonta, junto con otros 19 fiscales generales estatales, presentó una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por violar leyes federales de privacidad al entregar datos médicos de millones de inscritos en Medicaid a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para fines de deportación. La acción legal, anunciada este martes, señala que la divulgación de información privada, incluyendo nombres, direcciones, números de seguro social, estatus migratorio y datos de reclamaciones, contraviene normativas como la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA).
Según la demanda, en junio pasado, asesores del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., ordenaron la transferencia de datos de personas no ciudadanas inscritas en programas de Medicaid financiados por estados como California, Illinois y Washington. Estos datos, que incluyen información médica confidencial, fueron entregados al DHS en medio de un aumento en las operaciones de deportación a nivel nacional, lo que podría facilitar la localización de inmigrantes indocumentados.
Bonta calificó la acción como una “violación de siete décadas de política y práctica legal federal” que protege la confidencialidad de los datos médicos, afirmando que solo pueden compartirse en circunstancias específicas relacionadas con la salud pública o el programa de Medicaid. “Esta divulgación es ilegal y pone en riesgo la privacidad de millones de personas”, declaró Bonta en una conferencia de prensa.
La iniciativa comenzó en mayo, cuando los Centros de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron una revisión de registros estatales para verificar que los fondos federales no se usaran en personas con “estatus migratorio insatisfactorio”. Un memorando del 6 de junio, firmado por la subdirectora de Medicaid, Sara Vitolo, solicitó a los estados mencionados compartir datos de sus programas de Medicaid. Aunque funcionarios de CMS argumentaron que esta acción violaba leyes como la Ley del Seguro Social y la Ley de Privacidad de 1974, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), que supervisa CMS, ordenó la transferencia de datos al DHS el 10 de junio.
El portavoz del HHS, Andrew Nixon, defendió la legalidad de la acción, afirmando que la agencia actuó dentro de su autoridad para garantizar que los beneficios de Medicaid se destinen únicamente a personas elegibles. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el rol del DHS en este proceso.
La controversia ha generado una respuesta contundente de legisladores demócratas en el Congreso, quienes han exigido que se detenga el intercambio de datos y que el DHS destruya la información recibida. La demanda de los fiscales estatales busca frenar lo que consideran una violación grave de la privacidad y un uso indebido de datos sensibles para fines de inmigración.
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