La gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, rechazó el lunes un polémico proyecto de ley que habría dado a la policía la autoridad para detener a posibles migrantes que se sospechaba ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, y habría otorgado inmunidad a los agentes en caso de demandas.
El proyecto SB 1231, conocido como la Ley de Invasión de Arizona, llegó rápidamente al escritorio de Hobbs después de una maniobra de los legisladores republicanos que evitó el debate regular en la Cámara de Representantes estatal.
Hobbs declaró que el proyecto planteaba “importantes preocupaciones constitucionales y sin duda sumiría al Estado en un litigio costoso y prolongado”.
La medida migratoria sería una de las más estrictas de Arizona al permitir que la policía local y estatal cuestionara el estatus migratorio de las personas, además de otorgar “inmunidad” a las agencias del orden y a los policías en caso de demandas relacionadas con la aplicación de la ley.
Noah Schramm, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona, comentó en un comunicado que el proyecto “era una medida antiinmigrante descaradamente inconstitucional y extrema” que habría retrocedido al estado.
“A legislation like SB 1231 has no place in Arizona, where immigrants are our friends, family, and neighbors; but instead of protecting Arizona communities, extremist legislators are only concerned with inciting hateful divisions,” added the activist, who thanked Hobbs for the veto.
El proyecto de ley de Arizona seguía el camino de una polémica ley de Texas, recién aprobada, que permite a las autoridades policiales detener y deportar a México a posibles inmigrantes que se sospecha ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
La ley de Texas, que debía entrar en vigor el 4 de marzo, desató una batalla legal que llevó el mismo día a la Corte Suprema, donde fue temporalmente bloqueada.
