Los gobernadores de todas las entidades de México presentaron un Amicus Curie ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), solicitando a la presidenta del Tribunal, Norma Piña Hernández, que no elimine la medida de prisión preventiva oficiosa, subrayando las posibles ramificaciones de tal acción.
Los líderes estatales coinciden en que la eliminación de esta medida constituiría un serio riesgo para la seguridad pública. En el documento presentado a la Corte, se señala: “Es importante destacar el probable colapso de los tribunales federales que surgiría de la necesidad de evaluar cada solicitud de cambio en las medidas cautelares que actualmente implican la prisión preventiva oficiosa”.
Además, instaron a mantener la supremacía constitucional sobre las normativas internacionales, especialmente después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenara al Estado mexicano, calificando la medida cautelar como incompatible.
Resaltaron que el uso de la prisión preventiva contribuye al avance del proceso penal, facilita la investigación de los delitos, protege a las víctimas, combate la impunidad y busca reparar los daños causados por el crimen.
Por lo tanto, hacen un llamado a la SCJN para que considere estos argumentos, dado que la decisión tendrá un impacto directo en la seguridad y la gobernabilidad del país, así como en las entidades federativas, cuyos gobiernos son responsables y tienen un conocimiento directo de las posibles consecuencias negativas de una decisión desfavorable por parte del Tribunal.
