En un cambio histórico, Estados Unidos ha establecido el inglés como su idioma oficial por primera vez en casi 250 años, tras un decreto emitido por el presidente Donald Trump en marzo de 2025. Este mandato busca que todos los servicios e información del gobierno federal se ofrezcan exclusivamente en inglés, en la medida que lo permita la ley, generando un amplio debate sobre sus implicaciones.
El Departamento de Justicia, encargado de liderar esta transición, espera definir en seis meses cómo se implementará esta política. Actualmente, se revisan todos los servicios federales que se ofrecen en otros idiomas, desde materiales de agencias federales hasta señalizaciones en parques nacionales. Según un memorando emitido a mediados de julio, los recursos ahorrados por eliminar información en otros idiomas se reinvertirán en programas para aprender inglés, con el objetivo de “mejorar la integración social y económica” y promover el “sueño americano”.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación. Arturo Vargas, de NALEO Educational Fund, advierte que suspender información en otros idiomas durante emergencias, como crisis de salud o desastres naturales, podría poner en riesgo a comunidades que no dominan el inglés. Un ejemplo claro es la eliminación del programa LEP (Limited English Proficiency), creado en 2000 por el presidente Bill Clinton para facilitar el acceso a servicios federales a personas con dominio limitado del inglés. La página LEP.gov ya no está operativa, y materiales como publicaciones, videos y capacitaciones en otros idiomas han sido suspendidos.
¿Es legal restringir los servicios a un solo idioma?
Aunque el decreto representa un desafío para la diversidad, expertos como Laura Vásquez, de UnidosUS, señalan que el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe la discriminación por “origen nacional”, lo que incluye el idioma, según interpretaciones de la Corte Suprema. Sin embargo, Jacob Hofstetter, del Instituto de Política Migratoria, explica que esta ley no se aplica directamente a las agencias federales, y la eliminación del decreto de Clinton otorga a estas mayor flexibilidad para reducir servicios multilingües.
El Departamento de Vivienda ya eliminó su página en español, siguiendo el precedente de la Casa Blanca, que hizo lo mismo al inicio de la presidencia de Trump. Esta tendencia podría complicar el acceso a información sobre beneficios como el seguro social o servicios para veteranos, y generar problemas en el cumplimiento de regulaciones. Por ejemplo, Hofstetter destaca que si el IRS no proporciona instrucciones en otros idiomas, los contribuyentes con dominio limitado del inglés podrían cometer errores en sus formularios, afectando los ingresos fiscales.
Próximos pasos y posibles impactos
En los próximos 60 días desde el 14 de julio, las agencias federales enviarán recomendaciones al Departamento de Justicia, que emitirá una nueva guía en 180 días para priorizar el inglés. Aunque las agencias pueden mantener temporalmente servicios multilingües, deberán justificar su continuidad. El gobierno apuesta por tecnologías de traducción para superar barreras lingüísticas de manera “rentable”, pero cualquier material en otro idioma deberá aclarar que el inglés es la versión oficial.
La medida también podría afectar servicios estatales financiados con fondos federales. Oscar Chacón, de Alianza Américas, señala que muchos estados dependen de estos recursos para ofrecer servicios en diversos idiomas, y la reorientación hacia programas de aprendizaje del inglés podría limitar su alcance.
La decisión ha abierto un debate sobre el equilibrio entre la unificación lingüística y la inclusión de comunidades diversas, mientras el país espera los detalles de esta transición que podría redefinir la interacción del gobierno con millones de residentes.
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