Washington, 8 de julio de 2025 – El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha iniciado el proceso para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Honduras y Nicaragua que residen en Estados Unidos, según borradores de avisos publicados en el Registro Federal. Esta medida, impulsada por la administración del expresidente Donald Trump, afectaría a aproximadamente 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, según estimaciones oficiales.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión migratoria, con protestas frente a la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 15 de mayo, donde activistas se manifestaron contra otra propuesta de Trump para eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento. La Corte escuchó argumentos sobre esta orden, que ha generado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes y el futuro de las políticas migratorias en el país.
El TPS, un programa que protege a personas de países afectados por conflictos armados o desastres naturales, permite a los beneficiarios vivir y trabajar temporalmente en EE.UU. La administración Trump argumenta que las condiciones en Honduras y Nicaragua han mejorado lo suficiente como para no justificar la continuación de estas protecciones. Sin embargo, la terminación del TPS ha enfrentado una fuerte oposición, desencadenando impugnaciones legales a nivel nacional. En algunos casos, jueces federales han bloqueado la eliminación de estas protecciones, prolongando la incertidumbre para miles de beneficiarios.
El DHS no ha proporcionado comentarios oficiales sobre la propuesta. Por su parte, críticos del gobierno, así como defensores de los derechos de los inmigrantes, han señalado que el fin del TPS podría obligar a decenas de miles de personas a regresar a países donde aún enfrentan condiciones de inestabilidad. Aunque el TPS ha sido respaldado por administraciones tanto republicanas como demócratas en el pasado, algunos sectores republicanos han cuestionado su extensión reiterada, argumentando que el alivio debería ser estrictamente temporal.
Esta nueva medida intensifica el debate sobre el futuro de los inmigrantes en EE.UU., mientras las comunidades afectadas y los defensores de derechos humanos se preparan para nuevas batallas legales y políticas.
Imágen cortesía: Diario Paradigma
