Guatemala amaneció este lunes bajo estado de sitio, luego de una escalada de violencia que dejó nueve agentes de la Policía Nacional Civil asesinados y motines simultáneos en distintos centros penitenciarios del país. La medida fue decretada la noche del domingo por el presidente Bernardo Arévalo de León y tendrá una duración inicial de 30 días.
La cifra de policías fallecidos se elevó tras la muerte de uno de los agentes que había resultado herido durante los ataques del domingo, atribuidos a presuntos pandilleros. Las autoridades consideran que se trató de una acción coordinada en represalia por la recuperación del control de las cárceles, luego de motines registrados el sábado en al menos tres prisiones.
A primera hora del lunes, el Gobierno rindió homenaje a los agentes caídos en un acto encabezado por el ministro de Gobernación, Marco Villeda, y el mandatario guatemalteco. Visiblemente conmovido, el titular de Interior afirmó que el país no cederá ante la violencia y subrayó que los policías asesinados “no se van al olvido, se van con honor”.
El estado de sitio, contemplado en la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, faculta a las autoridades a realizar capturas sin orden judicial a personas sospechosas de estos delitos. La disposición deberá ser ratificada por el Congreso en un plazo máximo de tres días.
Como consecuencia de los hechos, las clases fueron suspendidas este lunes en los sectores público y privado. Aunque el Gobierno aseguró que busca mantener la normalidad, se registró una disminución en la movilidad, con algunas empresas operando de manera virtual y menor afluencia de personas en mercados y espacios públicos.
En un mensaje a la Nación, Arévalo de León afirmó que no permitirá que la violencia marque el rumbo del país y sostuvo que las estructuras criminales están reaccionando ante una estrategia gubernamental que, aseguró, “está teniendo éxito”.
Desde el año pasado, el Gobierno mantiene una confrontación abierta con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, tras el traslado de sus líderes a una prisión de máxima seguridad y la eliminación de privilegios que habían gozado en administraciones anteriores.
