Los hospitales de Texas enfrentan pérdidas estimadas en 27 millones de dólares diarios después de que el Gobierno federal frenara la autorización de recursos adicionales destinados a la atención de pacientes inscritos en Medicaid.
La disputa pone en riesgo alrededor de 9 mil 800 millones de dólares correspondientes al año fiscal, distribuidos entre tres programas de financiamiento. El mayor impacto recaería sobre el Programa Integral de Aumento de Reembolsos Hospitalarios, conocido como CHIRP.
Este mecanismo permite compensar la diferencia entre las tarifas que paga Medicaid y el costo real de los servicios proporcionados por los hospitales. Sin esos reintegros, las instituciones tendrían que absorber una parte considerable de los gastos.
La decisión afectaría a hospitales de todo el estado, incluidos los ubicados en el área de Dallas-Fort Worth. Representantes del sector advirtieron que la prolongación del conflicto podría obligar a reducir servicios médicos y afectar la contratación de personal.
Children’s Health de Dallas alertó que la incertidumbre financiera podría comprometer la atención pediátrica especializada, los servicios de salud mental y la fuerza laboral necesaria para atender a niñas, niños y sus familias.
El Gobierno federal cuestiona la manera en que las jurisdicciones locales calculan y recaudan los impuestos aplicados a los hospitales para obtener fondos federales equivalentes. Texas sostiene que su esquema cumple con la legislación vigente.
Alrededor de cuatro millones de habitantes de bajos ingresos se encuentran inscritos en Medicaid en Texas, la mayoría menores de edad. Autoridades estatales y federales mantienen conversaciones para intentar destrabar los recursos.
Incluso si se alcanza un acuerdo próximamente, representantes hospitalarios estiman que el rezago acumulado en las reclamaciones podría tardar por lo menos 90 días en resolverse, lo que mantendría la presión financiera sobre el sistema de salud.
