2 de diciembre de 2025
Washington, DC – El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzó una convocatoria urgente por 180 millones de dólares para contratar empresas privadas que localicen y verifiquen la residencia o lugar de trabajo de hasta un millón y medio de migrantes indocumentados, con el objetivo explícito de cumplir la meta de la Administración Trump de deportar al menos un millón de personas al año.
Según documentos oficiales y ofertas de empleo que circulan en plataformas como LinkedIn, los contratistas seleccionados recibirán lotes de 50 mil nombres cada uno y cobrarán incentivos de hasta 300 dólares por cada “verificación exitosa” que incluya fotografías geolocalizadas y con fecha de la vivienda o empleo del objetivo.
Aunque el contrato se presenta técnicamente como “investigación de ubicación ampliada” y no autoriza arrestos directos por parte de los privados, organizaciones de derechos civiles y exfuncionarios alertan que esta modalidad abre la puerta a la actuación de facto de cazarrecompensas y mercenarios, práctica prohibida por la ley federal.
Privatización sin precedentes
- El presupuesto para detención de migrantes ya supera en 62 % al del sistema penitenciario federal completo.
- El 86 % de los migrantes detenidos están recluidos en centros privados, frente a menos del 10 % de la población carcelaria general.
- Empresas como G4S/Allied Universal —con contratos históricos superiores a los mil millones de dólares— han sido documentadas participando en capturas a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente.
En mayo de 2025, personal de G4S fue grabado deteniendo solicitantes de asilo dentro de un tribunal en San Francisco junto a agentes de ICE, violando una orden judicial federal de 2022 que les impedía realizar funciones de arresto.
Reclutamiento masivo y alarmas legales Paralelamente, ICE y la Patrulla Fronteriza han contratado a más de 13 mil nuevos agentes en tiempo récord, reduciendo requisitos de experiencia y formación, lo que ha multiplicado videos de operativos violentos realizados por personas encapuchadas que no se identifican.
Exdirector de ICE, John Sandweg, calificó la idea de cazarrecompensas privados como “aterradora y obviamente ilegal”. El congresista demócrata Raja Krishnamoorthi advirtió en una carta a la secretaria Kristi Noem que entregar poderes de vigilancia y seguimiento a empresas con “escasa supervisión” crea un aparato de deportación fuera del control democrático.
Desde febrero, figuras como Erik Prince (ex Blackwater) han ofrecido formalmente a la Casa Blanca redes privadas de campos, aviones y programas de recompensas para acelerar las expulsiones masivas.
Fuentes del sector privado confirman que ya hay pilotos de 90 días en marcha donde exempleados militares o policiales pueden ganar hasta 30 mil dólares rastreando migrantes con vehículos y datos proporcionados por el gobierno.
Organizaciones como ACLU y Brennan Center for Justice denuncian que Estados Unidos está construyendo un “complejo de deportedación-industrial” que transfiere miles de millones de dólares públicos a empresas de seguridad privada con historial de abusos en todo el mundo.
Imágen cortesía: Mixteco
