Una propuesta legislativa que busca imponer un impuesto del 5 % a las remesas enviadas desde Estados Unidos ha generado una ola de preocupación entre la comunidad migrante, cuya economía familiar depende en gran medida de estos recursos. El gravamen, que forma parte del controvertido plan presupuestario promovido por el expresidente Donald Trump, se discute actualmente en la Cámara de Representantes, generando tensiones tanto dentro como fuera del país.
“Claro que estoy preocupada. No gano mucho y me sacrifico para enviar ese dinero. ¿Ahora también me van a cobrar por ayudar a mis hijas y a mi hermano con cáncer?”, expresó con angustia María Lorenza Carrasco, una hondureña residente en Florida desde hace más de tres décadas, bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Como Carrasco, más de 40 millones de migrantes —entre indocumentados, residentes legales y portadores de visas temporales— podrían verse afectados si la medida se aprueba, según advirtió el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
Un impuesto con alto impacto
Aunque la tasa planteada es del 5 %, el costo total del envío de dinero se elevaría significativamente al sumarse a otras tarifas ya existentes. Un estudio del BBVA México estimó que el envío de 350 dólares podría costar hasta 23.5 dólares, en lugar de los actuales 6 dólares.
Países como México, Honduras, El Salvador y Nicaragua —donde las remesas representan entre el 20 % y el 27 % del Producto Interno Bruto (PIB)— serían los más golpeados. Solo México recibió en 2024 un récord cercano a los 65 mil millones de dólares en remesas, según cifras oficiales.
“Esto es un castigo al esfuerzo de quienes dejamos todo para ayudar a nuestras familias”, expresó Dalila Gálvez, otra migrante hondureña que cada mes envía 300 dólares para sostener a sus padres. “Ese dinero no es lujo, es para comida, salud, electricidad”.
Llamado a la acción
Desde organizaciones comunitarias hasta mandatarios latinoamericanos se han alzado voces contra la iniciativa. Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, con sede en Miami, pidió al gobierno hondureño actuar ante lo que considera un acto injusto y perjudicial. “Estamos por superar los 10 mil millones de dólares enviados este año, pero no recibimos apoyo ni reciprocidad”, afirmó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se pronunció, señalando que la medida violaría tratados bilaterales firmados desde 1994, diseñados para evitar la doble tributación entre ambos países.
Un futuro incierto
A pesar de la oposición, el proyecto de ley continúa avanzando en el Congreso, con la intención de ser aprobado antes de julio. Los migrantes, mientras tanto, viven con la incertidumbre de ver afectado no solo su sacrificio diario, sino también la estabilidad de sus familias y de naciones enteras que dependen de su esfuerzo silencioso.
“No somos ladrones ni haraganes. Solo queremos que nuestras familias vivan un poco mejor,” concluyó Gálvez, reflejando el sentir de millones.
