Un juez federal de Estados Unidos bloqueó una controversial política del expresidente Donald Trump que prohibía a los migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos solicitar asilo. La decisión, emitida este miércoles por el juez de distrito Randy Moss, representa un revés significativo para las medidas migratorias impulsadas por la administración Trump, que buscaban restringir el acceso a las protecciones en la frontera sur.
En su fallo, el juez Moss determinó que la administración excedió su autoridad al intentar implementar una medida que contradice las leyes de inmigración establecidas por el Congreso. “El presidente no puede adoptar un sistema de inmigración alternativo que ignore los estatutos aprobados por el Congreso”, afirmó Moss en su decisión. El juez subrayó que ni la Ley de Inmigración y Nacionalidad ni la Constitución otorgan al presidente el poder de negar unilateralmente el acceso al asilo a personas que ya han ingresado al país, independientemente de su forma de ingreso.
La medida bloqueada, una proclamación presidencial que cerraba de facto el acceso al asilo en la frontera sur, fue objeto de una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Defensa de los Inmigrantes de Las Américas y el Proyecto Florence de Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Los demandantes argumentaron que la política ponía en riesgo miles de vidas al impedir que personas que huyen de la persecución buscaran refugio en Estados Unidos.
Lee Gelernt, abogado de la ACLU, celebró el fallo como “una enorme victoria para quienes huyen del peligro y para el Estado de derecho”. La decisión judicial, que estará en suspenso durante 14 días, podría ser apelada por el Gobierno, según fuentes cercanas al caso.
El fallo se produce en un contexto de disminución de los cruces fronterizos, con datos federales que reportan poco más de 6,000 encuentros registrados por la Patrulla Fronteriza en junio. La administración Trump había defendido la política argumentando que el presidente tiene autoridad para suspender la entrada de personas consideradas perjudiciales para los intereses nacionales, especialmente en lo que describió como una emergencia de seguridad y salud pública en la frontera.
Durante los argumentos orales en abril, en una sala federal en Washington, los abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que la proclamación no podía ser revisada bajo los estatutos de inmigración. Sin embargo, el juez Moss cuestionó la legalidad de esta postura, planteando un escenario hipotético sobre una orden presidencial extrema, como disparar a migrantes en la frontera, lo que generó un intenso debate en la corte.
Organizaciones de derechos humanos destacaron que al menos dos de sus clientes fueron deportados bajo esta política, a pesar de haber expresado su intención de solicitar asilo. Este hecho levantó cuestionamientos sobre la aplicación de la medida y su impacto en las garantías legales de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional fue contactado para obtener comentarios, pero aún no ha emitido una respuesta oficial.
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