Un juez federal bloqueó este jueves dos órdenes ejecutivas emitidas por el presidente Donald Trump que buscaban congelar fondos federales destinados a ciudades santuario. El fallo representa un duro revés para la estrategia del mandatario en su plan de deportaciones masivas, y un respaldo legal para los gobiernos locales que se niegan a colaborar activamente con las autoridades migratorias.
El juez William Orrick, de una corte federal en San Francisco, determinó que las acciones del Ejecutivo son “probablemente inconstitucionales”, al considerar que vulneran la separación de poderes y la Cláusula de Gasto establecida en la Constitución de Estados Unidos. En su decisión, sostuvo que el presidente no puede condicionar recursos ya aprobados por el Congreso.
“Congelar o condicionar los fondos federales asignados a las localidades por el Congreso, viola los principios constitucionales”, escribió Orrick.
La demanda fue presentada por 16 ciudades y condados, la mayoría ubicados en California, incluyendo San Francisco, San José, Sacramento, Santa Cruz, Oakland, San Diego y Santa Clara. También figuran jurisdicciones de otros estados como Washington, Oregón, Minnesota, Connecticut y Nuevo México.
Las autoridades locales argumentan que obligar a la policía a colaborar con agentes migratorios compromete la confianza de las comunidades —especialmente de origen inmigrante— en las fuerzas del orden.
El fallo también tiene implicaciones para otras querellas legales, como la presentada por las ciudades de Chelsea y Somerville, en Massachusetts, que buscan frenar lo que consideran presiones indebidas de la administración Trump para participar en operativos migratorios.
Aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre esta decisión judicial, el caso anticipa una nueva batalla legal en torno al alcance del poder presidencial sobre las políticas migratorias y el uso de fondos públicos.
El veredicto de Orrick reafirma la independencia de los gobiernos locales en cuestiones de seguridad pública, y pone en pausa, al menos por ahora, una de las medidas más controversiales impulsadas por el presidente en materia migratoria.
