Una jueza federal de Estados Unidos ordenó la liberación bajo fianza de la activista mexicana Jeanette Vizguerra Ramírez, quien permanecía detenida desde hace nueve meses, al concluir que el Gobierno federal no logró justificar legalmente la prolongación de su custodia.
La audiencia de fianza se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2025, luego de que la Corte de Distrito de Estados Unidos para Colorado determinara que la detención se había extendido de manera inconstitucional y ordenara la realización de un examen de custodia.
En su resolución, la jueza Nina Y. Wang señaló que la detención de Vizguerra había alcanzado un periodo de nueve meses y advirtió que, sin una audiencia de fianza “constitucionalmente adecuada”, su permanencia bajo custodia podría haberse prolongado por meses o incluso años.
La magistrada también indicó que el caso plantea preocupaciones constitucionales relevantes, incluida la posibilidad de que el arresto y la detención estuvieran motivados por represalias relacionadas con el activismo público de Vizguerra, una actividad protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
De acuerdo con información difundida por la organización Comité de Servicios de Amigos Americanos (AFSC), el tribunal federal solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pruebas que sustentaran la detención, así como elementos que demostraran que la activista representaba un peligro para la comunidad o un riesgo de fuga. Según la defensa, dichos argumentos no fueron acreditados ante la jueza.
Como parte de la resolución, Wang fijó una fianza de cinco mil dólares y rechazó la imposición de monitoreo electrónico. La familia de Vizguerra confirmó que cubrirá el monto con el apoyo del Immigrant Freedom Fund, con el objetivo de que la activista sea liberada en cuanto concluyan los trámites administrativos correspondientes.
Jeanette Vizguerra, quien reside en Estados Unidos desde 1997 y es madre de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, continuará sujeta a procedimientos migratorios mientras permanece en libertad supervisada. La orden de fianza no resuelve de fondo su situación migratoria ni los reclamos por presuntas represalias que siguen en curso ante la corte federal.
