San Diego, California, 8 de mayo de 2025 – La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció que solicitará la pena de muerte para dos ciudadanos mexicanos acusados de tráfico de personas, tras un trágico naufragio ocurrido el 5 de mayo frente a la costa de San Diego, que dejó tres migrantes muertos y siete desaparecidos.
En un comunicado, Noem detalló que la embarcación tipo panga, operada por los presuntos contrabandistas, transportaba a 14 extranjeros hacia Estados Unidos cuando volcó en la playa estatal de Torrey Pines. “Sus muertes no solo eran evitables, sino que también fueron resultado directo de la codicia y la indiferencia de los contrabandistas que los explotaron”, afirmó, calificando el contrabando marítimo como un “delito violento e inherentemente peligroso”.
La funcionaria invocará la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece el tráfico de personas con resultado de muerte como un delito capital, y la Ley Federal de Pena de Muerte, que permite la pena capital para quienes actúen con conocimiento del riesgo mortal. Noem aseguró que pedirá al Fiscal General procesar a los acusados “con todo el rigor de la ley” y solicitará formalmente la pena de muerte, subrayando que el DHS “no tolerará este nivel de depravación criminal o desprecio imprudente por la vida humana”.
El incidente fue reportado por la Guardia Costera de Estados Unidos tras una alerta de la Autoridad de Poderes Conjuntos del Condado Norte. La Patrulla Fronteriza confirmó que la embarcación llevaba 16 personas, incluyendo 14 adultos y dos menores. Además de los dos mexicanos detenidos por operar la panga, otras dos personas fueron arrestadas por recoger a sobrevivientes que lograron llegar a tierra.
El Consulado General de México en San Diego está asistiendo a las víctimas y coordinando con la Oficina del Médico Forense para la repatriación de los cuerpos, reafirmando su compromiso con las familias afectadas.
La solicitud de Noem ha generado controversia, especialmente porque México abolió la pena de muerte en 1961, mientras que Estados Unidos ha ejecutado a 10 ciudadanos mexicanos desde 1976. Este caso pone en relieve las tensiones en torno a las políticas migratorias de la administración Trump y el manejo de los delitos transnacionales.
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