Lucero Sánchez López, exdiputada de Sinaloa conocida como “La Chapodiputada”, pidió a los congresos local y federal iniciar un proceso de desafuero contra el gobernador Rubén Rocha Moya, al considerar que debe aplicarse el mismo criterio utilizado en su caso en 2016.
A través de varios videos publicados en redes sociales, Sánchez López aseguró que ella perdió la protección constitucional luego de ser acusada de utilizar documentación falsa para visitar a Joaquín “El Chapo” Guzmán en el penal del Altiplano. Por ello, cuestionó que las autoridades legislativas no hayan actuado de la misma manera ante los señalamientos que existen contra el mandatario sinaloense.
La exlegisladora sostuvo que su caso debe servir como referencia para que el Congreso analice la situación de Rocha Moya con imparcialidad. También mencionó los señalamientos que relacionan al gobernador con el caso de Héctor Melesio Cuén Ojeda y con los acontecimientos que rodearon la detención de Ismael “El Mayo” Zambada. Hasta el momento, estas acusaciones no equivalen a una sentencia y deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.
Sánchez López también explicó que solicitar una licencia no es lo mismo que perder el fuero. Una licencia permite separarse temporalmente del cargo, pero conserva la posibilidad de regresar; en cambio, el desafuero elimina la protección constitucional y abre la puerta para que las autoridades puedan proceder penalmente.
De acuerdo con su argumento, si los posibles delitos son federales, el procedimiento tendría que revisarse en el Congreso de la Unión; si corresponden al ámbito estatal, sería responsabilidad del Congreso de Sinaloa.
Lucero Sánchez fue desaforada por la Cámara de Diputados en junio de 2016. Posteriormente fue detenida en Estados Unidos, donde se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y colaboró como testigo durante el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, celebrado en Nueva York.
Ahora, la exdiputada sostiene que el poder político y las relaciones personales no deben provocar diferencias en la aplicación de la justicia.
