30 de abril de 2025
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca identificar y sancionar a las denominadas “ciudades santuario”, aquellas jurisdicciones que limitan su cooperación con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias, especialmente en deportaciones. El decreto, emitido el lunes, instruye al gobierno a señalar estados y municipios que “obstruyan” estas leyes y a cancelarles fondos federales, a pesar de que un juez federal prohibió esta acción hace menos de una semana.
La medida, que se enmarca en la estricta política migratoria de Trump durante sus primeros 100 días de mandato, no es nueva, pero su reiteración desafía una orden judicial reciente y genera incertidumbre sobre su alcance práctico para estas ciudades y las comunidades migrantes que las habitan.
Detalles de la orden ejecutiva
El decreto ordena a funcionarios federales publicar en un plazo de 30 días una lista de gobiernos locales y estatales que no cumplan con las leyes migratorias. Estas jurisdicciones serán notificadas de su “incumplimiento” y tendrán la oportunidad de corregirlo. De no hacerlo, el gobierno identificará fondos federales que podrían ser retenidos.
La orden justifica estas medidas argumentando que las “ciudades santuario” representan riesgos para la seguridad nacional al proteger a inmigrantes indocumentados, a quienes el gobierno acusa de incluir contrabandistas, delincuentes y terroristas, aunque estadísticas muestran que la mayoría de los crímenes violentos en EE.UU. son cometidos por ciudadanos estadounidenses.
Prohibición judicial y antecedentes
La semana pasada, el juez federal de California William Orrick dictaminó que el gobierno de Trump no puede retener fondos federales a las “ciudades santuario” por proteger a inmigrantes en situación irregular. La orden, solicitada por San Francisco y otros municipios, declaró inconstitucionales partes de las políticas de Trump. Orrick prohibió cualquier acción para retener o condicionar fondos federales, recordando que argumentos similares del gobierno fueron rechazados durante el primer mandato del republicano.
En febrero, la fiscal general Pam Bondi ordenó suspender toda financiación federal a estas jurisdicciones, siguiendo otra orden ejecutiva de Trump. Durante su primer gobierno, el entonces fiscal general Jeff Sessions también intentó bloquear subvenciones, lo que desencadenó múltiples demandas que cuestionaron la autoridad del Departamento de Justicia para hacerlo.
Impacto y reacciones
Expertos señalan que la nueva orden podría tener más un propósito mediático que un cambio sustantivo en la política, pero reconocen que eleva la presión sobre las “ciudades santuario”. Helena Olea, subdirectora de Alianza Américas, destacó que el gobierno está intensificando su estrategia al amenazar con sanciones penales, como prisión o multas elevadas, contra funcionarios locales que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Algunas jurisdicciones pequeñas ya han firmado acuerdos de cooperación con ICE por temor a perder presupuesto, y las nuevas amenazas podrían empujar a otras a hacerlo, a pesar de la protección judicial. En marzo, alcaldes de ciudades como Boston, Chicago, Denver y Nueva York defendieron sus políticas migratorias en una audiencia en el Congreso, rechazando acusaciones republicanas de violar leyes federales.
Un futuro incierto
La orden de Trump, emitida en un contexto de endurecimiento migratorio y tensiones legales, desafía directamente el fallo judicial y reaviva el debate sobre el rol de las “ciudades santuario”. Mientras el gobierno insiste en su narrativa de seguridad nacional, las comunidades migrantes y las autoridades locales enfrentan un panorama de creciente presión y posibles represalias económicas.
Imágen cortesía: The New York Times
