El futuro de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos entró este jueves en una fase crítica, con la Corte Suprema debatiendo la legalidad de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca eliminar ese derecho para hijos de migrantes indocumentados y con visados temporales. La medida, de prosperar, afectaría a cerca de 255 mil bebés anualmente, según un estudio del Migration Policy Institute (MPI).
La propuesta de Trump choca directamente con la Enmienda 14 de la Constitución, promulgada en 1868, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense. Sin embargo, expertos advierten que el panorama judicial es incierto, ya que la Corte Suprema actual cuenta con mayoría conservadora, conformada en buena parte por jueces nombrados por el propio mandatario.
“Es difícil anticipar qué decidirá la Corte, pero la Constitución es clara. El derecho a la ciudadanía por nacimiento está consagrado y debe respetarse”, señaló Jerry Gonzalez, director del GALEO Impact Fund, organización latina con sede en Georgia.
El informe del MPI advierte que la medida podría provocar un aumento en la población indocumentada, con un crecimiento de hasta 2.7 millones de personas para 2045. Para 2075, la cifra se dispararía hasta un 40%, creando una clase de residentes nacidos en EE.UU. pero sin derechos plenos, lo que podría minar la cohesión social y la movilidad económica.
Los críticos de la ciudadanía automática, entre ellos varios aliados republicanos de Trump, señalan prácticas como el llamado “turismo de nacimiento”, aunque los datos oficiales muestran que es un fenómeno marginal: apenas 9 mil casos al año entre 3.6 millones de nacimientos, según los CDC.
Aunque analistas como Thomas Kennedy, de Florida Immigrant Coalition, dudan de que la iniciativa prospere, reconocen que ya ha generado temor e incertidumbre entre las comunidades migrantes. “No creo que tenga éxito, pero crea un ambiente hostil. Muchas familias temen que sus hijos pierdan derechos, incluso si ya nacieron ciudadanos”, afirmó.
Más allá del fondo migratorio, el debate también plantea una cuestión jurídica de gran alcance: si los tribunales federales pueden emitir interdictos universales contra órdenes presidenciales. Trump busca limitar este poder judicial, lo que añade otra capa de tensión a una disputa que podría redefinir la política migratoria y el alcance del poder ejecutivo en Estados Unidos.
La decisión de la Corte Suprema será clave no solo para millones de familias migrantes, sino para el futuro del principio de ciudadanía por nacimiento, una piedra angular del sistema constitucional estadounidense.
