McAllen, Texas, 29 de septiembre de 2025 — En un esfuerzo histórico por interrumpir el flujo de armas que alimentan la violencia de los cárteles en México, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron el lanzamiento de la “Misión Cortafuegos: Iniciativa Unidos contra el Tráfico de Armas de Fuego”. La estrategia, presentada durante la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México–Estados Unidos en McAllen, Texas, incluye inspecciones conjuntas en la frontera, intercambio de información en tiempo real e investigaciones ampliadas para desmantelar redes criminales transfronterizas.
La iniciativa surge en el contexto de la reciente visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a Ciudad de México, donde se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad. Sheinbaum enfatizó que la relación con el vecino del norte debe basarse en colaboración mutua, sin “injerencismo” ni afectación a la soberanía mexicana, y priorizó el control de las armas provenientes de Estados Unidos, estimadas en hasta 200.000 unidades al año por las autoridades mexicanas.
El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, describió la operación como un “antes y un después” en la cooperación bilateral, destacando su potencial para proteger a ambas naciones. Bajo el programa, México expandirá el uso de herramientas como eTrace —una plataforma para rastrear armas— y la tecnología de imágenes balísticas a los 32 estados de la República, lo que facilitará investigaciones más eficaces. Ambos países se comprometen a intensificar los operativos fronterizos, los procesos judiciales y el intercambio de inteligencia para frenar el contrabando de armamento, así como a combatir el financiamiento ilícito y el robo de combustible.
Las autoridades estadounidenses reportaron avances significativos desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump: más de 125 investigaciones por tráfico de armas, decomisos de fuego y la identificación de presuntos miembros de redes criminales en territorio norteamericano, como parte de la operación “Sin dejar rastro”. Estos esfuerzos se enmarcan en un diálogo más amplio que aborda la crisis del fentanilo, la seguridad fronteriza y la prevención de delitos transnacionales.
El Grupo de Implementación de Seguridad, que se reunirá periódicamente, involucra a representantes del Gabinete de Seguridad mexicano —incluidas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera— junto con agencias como el Departamento de Estado, Seguridad Nacional y el Tesoro de Estados Unidos. La medida responde a las acusaciones de Trump sobre la gestión mexicana del tráfico de drogas y migración, buscando equilibrar responsabilidades y reducir la ola de violencia en México atribuida en gran medida a las armas ilícitas del norte.
Imágen cortesía: Milenio
