Miami, Florida – La ciudad de Miami, la segunda más grande de Florida, aprobó este martes, con una votación de 3 a 2 en su Comisión, un controvertido acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g). Este convenio permite que algunos agentes de policía locales actúen como agentes migratorios en capacidad limitada, interrogando, arrestando y deteniendo a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente durante operativos rutinarios, con acceso a la base de datos de ICE.
La decisión ha generado fuerte oposición entre los residentes, especialmente considerando que más de la mitad de la población de Miami nació en el extranjero, según datos del Censo de EE.UU. Durante horas, ciudadanos expresaron su preocupación en la Comisión, argumentando que el acuerdo generará miedo en la comunidad, desincentivará a víctimas indocumentadas a denunciar delitos, consumirá recursos policiales y expondrá a la ciudad a posibles demandas legales.
El comisionado Damian Pardo, quien votó en contra junto con Christine King, expresó su preocupación por el “clima hostil” que estas políticas crean para los inmigrantes. “Como defensor de una vía legal para la ciudadanía y partidario del TPS, no apoyo el 287(g)”, afirmó Pardo.
Entre las voces de oposición, Abel Delgado, hijo de exiliados cubanos, advirtió que el acuerdo enviará a inmigrantes de países como Cuba, Haití y Venezuela “de regreso a dictaduras y caos”, además de exponer a la ciudad a costosas demandas. Por su parte, la maestra Madison Rodríguez señaló el temor de sus estudiantes por la seguridad de sus familias, mientras que Amber Shapiro destacó que Miami no está obligada legalmente a firmar este convenio ni depende de fondos federales para hacerlo.
A nivel estatal, la ley de Florida exige que los operadores de cárceles de condado firmen acuerdos con ICE, pero el alcalde de South Miami, Javier Fernández, ha demandado al gobernador Ron DeSantis y a la fiscal general estatal para aclarar si los departamentos de policía municipales están obligados a participar. Fernández argumenta que asumir funciones migratorias podría generar demandas por detención indebida, con costos potenciales de cientos de miles o millones de dólares.
Por otro lado, ciudades que rechazan el 287(g), como Fort Myers, han enfrentado presiones del gobierno estatal. Tras initially rechazar el programa, Fort Myers cambió su decisión tras advertencias del fiscal general Jame Uthmeier, quien señaló que el rechazo violaba la ley estatal contra “ciudades santuario” y que el gobernador podía destituir a los concejales.
Hasta el 16 de junio, ICE ha firmado más de 700 acuerdos 287(g) en 40 estados, con Florida liderando en número de convenios. La medida, descrita por ICE como un “multiplicador de fuerza”, se enmarca en la intensificación de las políticas migratorias del gobierno de Trump.
Imágen cortesía: ENH
