En la madrugada del 4 de julio, Rosalinda despertó a su familia a gritos para huir de su casa en el condado de Kerr, Texas, mientras el agua subía rápidamente. En medio del caos, sus hijos pensaron que escapaban de una redada migratoria, reflejo del temor que viven muchas familias indocumentadas en la región.
La crecida del río Guadalupe arrasó con tres casas móviles donde vivían cuatro generaciones de su familia. Sin pertenencias ni documentos, ahora enfrentan no solo la pérdida material, sino obstáculos para acceder a ayuda humanitaria. Aunque organismos como Salvation Army y Samaritan’s Purse no exigen pruebas de ciudadanía para brindar asistencia básica, muchos programas requieren comprobantes de residencia que, en casos como el de Rosalinda, fueron destruidos por el agua.
El miedo a interactuar con autoridades, avivado por las políticas migratorias del presidente Donald Trump y el despliegue de patrullas estatales en labores de recuperación, ha llevado a que algunas familias permanezcan ocultas, saliendo solo de noche para evitar ser vistas. Voluntarios y activistas denuncian que este temor retrasa la llegada de apoyos y profundiza la crisis en comunidades hispanas de la zona.
A más de un mes del desastre que dejó al menos 135 muertos, las familias indocumentadas en el Texas montañoso siguen viviendo entre la incertidumbre y la invisibilidad, con el desafío de reconstruir sus vidas bajo la sombra de la deportación.
