10 de diciembre de 2025
Familias inmigrantes retenidas en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, ubicado en Dilley, describen en nuevas declaraciones judiciales un panorama de detenciones prolongadas, niños visiblemente afectados, acceso restringido a agua potable, comida en mal estado y presiones de agentes para que acepten abandonar voluntariamente Estados Unidos a cambio de dinero.
El centro, que alberga actualmente a cerca de 160 familias –incluidos bebés y adolescentes–, fue reactivado este año tras haber estado suspendido durante la administración Biden. Muchas de estas familias fueron detenidas en operativos migratorios internos o al cruzar la frontera.
Entre las principales denuncias recogidas en más de un centenar de testimonios presentados ante un tribunal federal entre mayo y noviembre destacan:
- Niños que han perdido peso, presentan palidez, desmayos y rechazo a la comida por su sabor picante, presencia de gusanos o moho.
- Agua del grifo con mal olor y sabor que provoca dolores estomacales; el agua embotellada es limitada y debe comprarse en el economato del centro.
- Negación o retraso en atención médica crítica.
- Habitaciones abarrotadas, iluminación permanente que impide dormir y jabón insuficiente para la higiene básica.
- Amenazas de separación familiar y castigos por infracciones menores.
“Esto es una prisión, un verdadero infierno. Todos los niños sufren. Las madres lloran, sobre todo por sus hijos”, declaró una madre de 29 años detenida con su hija de 5 años.
Otro menor de 16 años relató: “Los niños aquí pueden ponerse tristes cuando deportan a alguien o sus amigos se van. A veces no comen cuando están tristes”.
Varios detenidos aseguran que los agentes ofrecen 1.000 dólares a las familias que firmen la salida voluntaria, advirtiéndoles que, de no hacerlo, nunca podrán regresar legalmente a Estados Unidos. Algunos padres han solicitado que al menos liberen a sus hijos para que sean entregados a familiares en el país mientras ellos permanecen detenidos.
Las declaraciones forman parte del seguimiento al Acuerdo Flores de 1997, que obliga al gobierno a liberar a los menores lo antes posible y establece estándares mínimos para su retención.
Aunque las autoridades migratorias aseguran haber instalado filtros de agua y cambiado la iluminación a “luz blanca suave”, los testimonios más recientes –de septiembre a noviembre– indican que las condiciones siguen siendo graves y contrastan con los informes oficiales presentados al tribunal.
Organizaciones de derechos de menores que han visitado el centro en múltiples ocasiones este año afirman que las condiciones han empeorado y que la detención prolongada está afectando seriamente la salud física y emocional de los niños.
Imágen cortesía: BBC
