Fort Bliss, TX – El Gobierno de Donald Trump adjudicó un contrato de hasta 1,200 millones de dólares para construir y operar lo que se espera sea el mayor centro de detención de inmigrantes en Estados Unidos, pero la elección de la empresa encargada, Acquisition Logistics LLC, ha generado controversia debido a su falta de experiencia y la opacidad del proceso. La compañía, con sede en una modesta vivienda en Virginia y sin un historial significativo en gestión de centros penitenciarios, comenzó a recibir a los primeros detenidos la semana pasada en el campamento de tiendas de campaña ubicado en Fort Bliss, Texas.
El centro, bautizado como Camp East Montana, está diseñado para albergar hasta 5,000 migrantes en una zona desértica cerca de la frontera con México. La adjudicación del contrato, realizada el 18 de julio, ha levantado críticas por su falta de transparencia. El Pentágono, que financia los 232 millones iniciales para las primeras 1,000 camas, se ha negado a divulgar detalles del acuerdo, citando un litigio en curso sobre las calificaciones de Acquisition Logistics. Una empresa rival, Gemini Tech Services, ha presentado una queja ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, argumentando que la compañía seleccionada carece de la experiencia y recursos necesarios.
La representante demócrata Verónica Escobar, cuyo distrito incluye Fort Bliss, expresó su preocupación por confiar un proyecto de esta magnitud a una empresa sin antecedentes comprobados, señalando que las instalaciones privadas suelen priorizar ganancias sobre estándares de calidad. Por su parte, expertos en contratación federal, como el abogado Joshua Schnell, cuestionan la falta de información pública sobre la capacidad de Acquisition Logistics, que no tiene un sitio web operativo y está registrada a nombre de Ken A. Wagner, un exoficial de la Marina de 77 años.
El proyecto, que incluye tres grandes tiendas de campaña y varios edificios más pequeños, forma parte del impulso de la administración Trump para deportar a unos 10 millones de migrantes sin estatus legal. La decisión de usar bases militares, como Fort Bliss, para centros de detención ha generado alertas entre defensores de derechos humanos. Setareh Ghandehari, de Detention Watch, comparó la situación con los campamentos de internamiento de japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo sobre el riesgo de abusos debido al limitado acceso y supervisión en estas instalaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no ha proporcionado detalles sobre el centro, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aprobó el uso de Fort Bliss para este propósito. La licitación, restringida a pequeñas empresas desfavorecidas, ha generado especulaciones sobre posibles asociaciones con operadores de prisiones privadas como Geo Group o CoreCivic, aunque estas empresas han negado vínculos con Acquisition Logistics.
El proyecto, financiado parcialmente por una reciente ley de recortes fiscales y gasto, se suma a otras iniciativas de ICE para usar bases militares en California, Nueva York y Utah ante la saturación de prisiones privadas. Sin embargo, las condiciones en centros similares, como Alligator Alcatraz en Florida, han sido criticadas por insalubres, lo que intensifica las preocupaciones sobre el bienestar de los migrantes en Fort Bliss. Una resolución sobre la queja de Gemini está pendiente para noviembre, mientras que una apelación legal sigue en curso en un tribunal federal.
Imágen cortesía: La Verdad de Juárez
