Morena exigió investigar la administración de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de que se revelara que empresas vinculadas a un mismo grupo empresarial obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos con organismos electorales estatales durante los nueve años de su gestión.
El partido señaló que estas operaciones podrían formar parte de una presunta red de corrupción que habría operado durante aproximadamente 27 años dentro de las instituciones electorales mexicanas, favoreciendo a determinados proveedores mediante contrataciones millonarias.
De acuerdo con información presentada este jueves 5 de noviembre por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raimundo Hernández Casillas recibieron contratos por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos entre 2014 y 2023, periodo en el que Córdova encabezó el organismo electoral.
Las investigaciones preliminares señalan que al menos 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) contrataron servicios con compañías vinculadas a este grupo, principalmente para la elaboración y suministro de materiales utilizados durante los procesos electorales.
Ante estos señalamientos, Morena pidió que Lorenzo Córdova, el exconsejero electoral Ciro Murayama y el exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo expliquen las decisiones administrativas tomadas durante sus respectivas gestiones, particularmente en materia de contrataciones y supervisión de proveedores.
El partido también solicitó revisar las administraciones actuales del INE para identificar posibles irregularidades, determinar quiénes autorizaron los contratos y establecer si existieron beneficios indebidos para funcionarios o empresarios.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que durante la gestión de Córdova no se establecieran mecanismos suficientes para evitar posibles irregularidades en las contrataciones de los organismos electorales locales.
La mandataria sostuvo que las autoridades correspondientes deben investigar los acuerdos comerciales realizados durante administraciones anteriores y actuales, con el propósito de esclarecer posibles responsabilidades.
En medio de la controversia, Lorenzo Córdova ha rechazado las acusaciones de irregularidades durante su gestión y ha asegurado que las contrataciones del instituto fueron sometidas a diversos procesos de fiscalización.
Hasta el momento, los señalamientos y las cifras de contratación no constituyen por sí mismos pruebas de responsabilidad penal o administrativa contra los exfuncionarios mencionados.
Morena insistió en que las investigaciones deben realizarse sin distinciones políticas y que, de comprobarse actos de corrupción, deberán aplicarse las sanciones correspondientes.
