En una escena que recordó a tácticas encubiertas de otros tiempos, agentes migratorios de Estados Unidos ejecutaron este miércoles una redada sorpresa en el corazón de la comunidad inmigrante de Los Ángeles, usando un camión de mudanzas como señuelo para detener al menos a 16 personas.
El operativo, denominado “Operación Caballo de Troya”, fue captado por las cámaras de la cadena Fox News, que acompañaba a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) camuflados dentro de un camión de alquiler de la empresa Penske.
La redada ocurrió en el estacionamiento de una tienda Home Depot en el barrio de Westlake, a escasas cuadras del Parque MacArthur, donde migrantes ofrecen trabajo diariamente. El conductor del camión se acercó a los jornaleros fingiendo buscar mano de obra. En segundos, oficiales armados y encapuchados saltaron de la parte trasera del vehículo y comenzaron la persecución.
La acción federal desafía abiertamente una orden judicial vigente que prohíbe detenciones basadas en perfil racial o sin sospechas razonables, medida ratificada recientemente por el Noveno Circuito de Apelaciones.
“No hay santuarios que escapen del alcance de la ley federal”, afirmó de forma desafiante el fiscal interino Bill Essayli en un mensaje en X, tras viralizarse las imágenes del operativo.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se justificó la redada como un esfuerzo para capturar a presuntos miembros de la pandilla MS-13. Sin embargo, organizaciones legales y de derechos humanos cuestionaron la versión oficial.
“Se mintió al público cuando se dijo que estos operativos estaban dirigidos a criminales violentos”, denunció el abogado Mark Rosenbaum, integrante del equipo legal que demanda a la Administración Trump por violaciones a los derechos civiles.
Activistas como Ron Góchez, del colectivo Unión del Barrio, alertaron que aunque los operativos han sido menos frecuentes, “nunca se detuvieron”.
“Solo el pueblo organizado se puede defender. No podemos confiarnos con un presidente que ignora las decisiones judiciales”, subrayó.
La comunidad migrante de Los Ángeles vuelve a estar en estado de alerta, mientras crece la tensión entre las políticas migratorias del Gobierno federal y las protecciones legales vigentes en California.
