3 de junio de 2025
Tres organizaciones de defensa de derechos humanos y privacidad han presentado una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, cuestionando la falta de transparencia en el programa de recolección de ADN de migrantes, incluidos niños, implementado por la administración del presidente Donald Trump. Los demandantes, el Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes y Americans for Immigrant Justice, buscan esclarecer cómo se recopila, usa y supervisa la información genética de no ciudadanos.
La demanda, presentada este lunes, surge tras meses de intentos fallidos por obtener información sobre el programa, iniciado en el verano de 2024 bajo la administración Biden. Según el Centro de Privacidad y Tecnología de Georgetown, desde 2020 el DHS ha incrementado un 5,000% las aportaciones de ADN a la base de datos CODIS del FBI, convirtiéndose en su mayor contribuyente. Esta base de datos, accesible a departamentos de policía en todo el país, contiene información genética de personas que, en muchos casos, no han sido acusadas de ningún delito.
Stevie Glaberson, director de investigación y defensa del centro de Georgetown, criticó la expansión del programa, argumentando que el DHS recolecta ADN sin las restricciones necesarias para proteger la privacidad de las personas. “Los estadounidenses merecen más visibilidad sobre este programa. La falta de transparencia es inaceptable”, afirmó. Por su parte, Daniel Melo, abogado sénior del Immigration Impact Lab de Amica, advirtió que esta recolección masiva podría usarse para crear una red de vigilancia intrusiva contra comunidades migrantes, con el riesgo de que estas tecnologías se perfeccionen y se apliquen de manera más amplia y peligrosa.
La orden ejecutiva “Protegiendo nuestras fronteras”, firmada por Trump, refuerza la recolección de ADN de no ciudadanos, amparada en una ley de 2005 que obliga a las agencias federales a obtener estas muestras. Sin embargo, Emily Tucker, directora ejecutiva del centro de Georgetown, subrayó que este programa no debe verse únicamente como una medida migratoria, sino como parte de una red de vigilancia masiva que podría usarse para intimidar y perseguir a cualquier persona considerada adversaria por el gobierno.
El DHS no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. Las organizaciones demandantes exigen mayor claridad sobre cómo se protege la información genética y si se respetan los derechos de los migrantes durante este proceso, en un contexto de crecientes preocupaciones por la privacidad y el uso de tecnologías de vigilancia.
Imágen cortesía: BBC
