Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro de labores en distintas entidades de México, en protesta contra el nuevo sistema de evaluación de desempeño que, según los inconformes, podría poner en riesgo su estabilidad laboral.
De acuerdo con reportes preliminares, las movilizaciones afectan al menos 22 sedes judiciales distribuidas en más de 16 estados del país, entre ellos Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Morelos, Michoacán, Puebla y Ciudad de México.
En la capital del país, empleados del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro colocaron cadenas y candados en los accesos principales desde la medianoche, además de instalar un plantón para exigir modificaciones al acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Los manifestantes advirtieron que mantendrán la suspensión de actividades hasta obtener una respuesta de las autoridades, aunque permitirán el ingreso del personal relacionado con servicios esenciales, seguridad y atención del Centro de Desarrollo Infantil.
La inconformidad surge por el esquema de evaluación que será aplicado durante diciembre a secretarios proyectistas, asistentes, actuarios y oficiales judiciales, mediante un sistema de calificaciones de cero a 100 puntos.
Uno de los principales cuestionamientos es que el examen de conocimientos representará el 40% de la calificación, mientras que el porcentaje restante dependerá de valoraciones de superiores, compañeros y otros indicadores de desempeño.
Los empleados consideran que estos criterios podrían prestarse a evaluaciones subjetivas, represalias y decisiones que afecten su permanencia en el Poder Judicial.
Además, el acuerdo contempla que, en las evaluaciones ordinarias posteriores, quienes obtengan 59 puntos o menos sean considerados con desempeño insuficiente y puedan enfrentar consecuencias laborales si no acreditan los mecanismos de recuperación establecidos.
Sin embargo, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) aclaró que los exámenes programados para diciembre de 2026 tendrán únicamente carácter diagnóstico, por lo que sus resultados no provocarán despidos ni pérdida de plazas.
La institución explicó que esta primera etapa busca identificar las necesidades de capacitación del personal, fortalecer sus conocimientos y mejorar la calidad del servicio de impartición de justicia.
Las evaluaciones están programadas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, de acuerdo con las funciones desempeñadas por cada trabajador.
Por su parte, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel, llamó a los empleados a no presentar las evaluaciones y anunció dos reuniones con el OAJ, encabezado por Ernesto Vargas Solano, para revisar las disposiciones y buscar posibles modificaciones.
El representante sindical advirtió que, si no se alcanzan acuerdos, se analizarán nuevas acciones de protesta.
Mientras tanto, la suspensión de actividades genera afectaciones en juzgados y tribunales federales, en espera de que las negociaciones permitan resolver el conflicto y restablecer los servicios judiciales.
