El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó formalmente en el Congreso la comparecencia de Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Meta, para rendir cuentas por el presunto espionaje masivo a usuarios de teléfonos móviles en España y Europa.
La petición también incluye al español Javier Oliván, jefe de operaciones de la compañía, y a José Luis Zimmermann, responsable de Asuntos Públicos para España y Portugal, así como a especialistas que deberán presentarse ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.
La exigencia se deriva de una investigación revelada por centros europeos —IMDEA Networks, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Radboud— que detectó que Meta habría utilizado, durante casi un año, un mecanismo oculto dentro de Facebook e Instagram para rastrear la navegación web de usuarios de Android. El sistema permitía registrar páginas visitadas incluso en modo incógnito o mediante VPN, vinculando esa información a los perfiles personales sin consentimiento expreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había advertido que los socialistas llevarían el caso al Congreso. “En España la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica, y quien vulnere nuestros derechos pagará las consecuencias”, afirmó.
De comprobarse, esta práctica podría violar normas clave como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Meta, por su parte, aseguró estar dispuesta a colaborar “de forma constructiva” con las autoridades.
La solicitud del PSOE coincide con un nuevo frente abierto para la compañía: la Comisión Europea anunció la apertura de una investigación antimonopolio sobre la reciente política de Meta para el acceso de proveedores de inteligencia artificial a WhatsApp Business. Bruselas sospecha que la medida podría violar las reglas de competencia al impedir que empresas de IA utilicen una herramienta esencial para interactuar con clientes.
Meta enfrenta así crecientes presiones legales y regulatorias en Europa, donde ya se acumulan demandas colectivas y procedimientos por presuntas prácticas de vigilancia no autorizada.
