A casi tres décadas del polémico rescate bancario que marcó un antes y un después en la economía mexicana, el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) vuelve a ser tema de debate público tras la revelación de documentos hasta ahora ocultos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Fue Pablo Gómez, actual titular de la UIF, quien dio a conocer que durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo se habrían manipulado cifras clave del proceso de rescate financiero. Según Gómez, el exmandatario ocultó más de 73 mil millones de pesos, favoreciendo a un grupo selecto de empresarios y políticos mientras miles de familias mexicanas perdían su patrimonio.
Ante estas revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que próximamente informará a detalle sobre las afectaciones que este esquema provocó en la economía popular, asegurando que es necesario esclarecer lo ocurrido y evaluar las consecuencias de una deuda que, más de 25 años después, sigue presente en las finanzas públicas.
El Fobaproa fue creado originalmente en 1990, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como una medida preventiva ante eventuales crisis bancarias. Sin embargo, tras la devaluación del peso en 1994 y la crisis financiera que estalló en 1995, el gobierno de Zedillo lo utilizó para absorber deudas privadas de bancos y grandes empresas, transfiriendo el costo al Estado mexicano.
En 1999, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que desde entonces administra el saldo de la deuda. A pesar del cambio de nombre y estructura, el costo continúa: se estima que el país aún debe más de un billón de pesos derivados de aquel rescate.
Las nuevas acusaciones han reavivado críticas al proceso, cuestionando no sólo la legalidad y transparencia de la medida, sino también la pertinencia de que los contribuyentes sigan cargando con una deuda generada en condiciones que ahora se ponen en duda.
Este nuevo capítulo en la historia del Fobaproa plantea una interrogante que sigue sin respuesta definitiva: ¿puede México cerrar de una vez por todas esta deuda que ha pesado por generaciones?
¿Será este el momento para replantear una salida definitiva al mayor rescate bancario en la historia del país?
