Los Ángeles, California, 4 de agosto de 2025 – Las recientes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles han desatado una crisis económica para muchas familias inmigrantes, que luchan por pagar sus rentas tras la detención de sus principales proveedores. En un condado donde los precios de la vivienda son prohibitivos y 72,000 personas ya viven sin hogar, la situación amenaza con empeorar.
Martha, una madre mexicana indocumentada de 39 años, es un ejemplo de esta realidad. Tras la detención de su esposo en julio, quien era el único sostén económico de la familia, ella y sus dos hijas enfrentan dificultades para cubrir los 2,050 dólares mensuales de alquiler de su apartamento en Buena Park. Con un empleo nocturno en una fábrica que paga el salario mínimo, Martha apenas logra cubrir gastos esenciales como el seguro del auto, el teléfono y los útiles escolares de sus hijas de seis y siete años. “Son muchos gastos”, relata, agotada tras dormir solo tres horas diarias.
Desde junio, las redadas de ICE han intensificado la persecución de inmigrantes indocumentados en negocios como ferreterías, lavaderos de autos y restaurantes, así como en paradas de autobús. Según documentos internos de ICE, en junio se arrestaron más de 2,200 personas en Los Ángeles, de las cuales el 60% no tenía antecedentes penales. Estas acciones han separado familias y afectado a trabajadores latinos, quienes ya enfrentaban dificultades por la crisis de vivienda en la región.
Andrea González, subdirectora de CLEAN, un centro de apoyo para trabajadores de lavaderos de autos, advirtió que las redadas no solo impactan a los detenidos, sino también a quienes evitan trabajar por miedo. Su organización ha destinado más de 30,000 dólares para ayudar a unas 20 familias con el alquiler, pero reconoce que esta ayuda es insuficiente. “Se avecina una tormenta mayor”, afirmó González, destacando el riesgo de que más personas terminen en la calle.
Ante esta situación, líderes demócratas locales están impulsando fondos de ayuda. El condado de Los Ángeles planea crear un fondo específico, mientras que la alcaldesa Karen Bass anunció un programa financiado con donaciones filantrópicas para entregar tarjetas con “unos pocos cientos” de dólares a las familias afectadas. Sin embargo, activistas como González consideran que estas medidas no cubren ni el 10% de los costos de alquiler y proponen una moratoria a los desalojos, similar a la implementada durante la pandemia.
María Martínez, una estadounidense de 59 años cuyo esposo indocumentado fue detenido en junio, depende ahora de sus hijos para pagar los 1,800 dólares de renta, ya que su subsidio por discapacidad de 1,000 dólares es insuficiente. “Es estresante. Apenas sobrevivimos”, confesó. Sin medidas más contundentes, la crisis de vivienda en Los Ángeles podría agravarse, poniendo en riesgo a miles de familias inmigrantes.
Imágen cortesía: LA Times
