21 de enero de 2026 — El regreso de Donald Trump a la presidencia ha impulsado la operación de deportaciones masivas más ambiciosa de la historia reciente de Estados Unidos, respaldada por una histórica inyección de recursos aprobada por el Congreso republicano en un amplio paquete de recortes fiscales y gastos.
Expertos en presupuestos advierten que el llamado “gran proyecto de ley” ha “sobrealimentado” al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de una forma nunca antes vista, dotándolo de miles de millones de dólares adicionales que han permitido duplicar su capacidad operativa y reclutar una fuerza de agentes que supera en tamaño a la mayoría de los departamentos de policía del país.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE ha contratado 12,000 nuevos agentes en pocos meses —superando su meta original de 10,000—, elevando su plantilla a aproximadamente 22,000 elementos. El paquete legislativo destinó 30,000 millones de dólares para operaciones de ICE y 45,000 millones adicionales para centros de detención durante cuatro años, sumando un incremento drástico respecto a su presupuesto anual habitual de alrededor de 10,000 millones.
Analistas como Bobby Kogan, del Centro para el Progreso Estadounidense, han señalado que “la magnitud de lo que está ocurriendo con ICE es algo que nunca antes habíamos visto”, comparando el nivel de gasto con el que usualmente se destina al ámbito militar.
Las redadas han cobrado visibilidad en ciudades como Minneapolis, Los Ángeles y Chicago, donde agentes armados y con uniformes tácticos han sido documentados realizando operativos puerta a puerta, rompiendo ventanas de vehículos y deteniendo a personas en la vía pública. En Minneapolis, la muerte a tiros de la ciudadana estadounidense Renee Good a manos de un agente de ICE —quien alegó que intentó atropellarlo— desató protestas masivas y demandas de investigación.
El DHS sostiene que las operaciones se concentran en “criminales” y “lo peor de lo peor”, pero reportes indican que también han sido detenidas personas sin antecedentes penales e incluso ciudadanos estadounidenses. La Corte Suprema levantó el año pasado una prohibición sobre el uso de la raza como único criterio en las redadas migratorias.
La Administración Trump se ha fijado metas de 100,000 detenciones diarias —tres veces el promedio histórico— y un millón de deportaciones anuales. Hasta el momento, el gobierno reporta cerca de 600,000 arrestos y deportaciones, además de 1.9 millones de “autodeportaciones voluntarias” desde enero de 2025.
A pesar de que los cruces irregulares en la frontera sur han caído a mínimos históricos, la estrategia se ha desplazado hacia el interior del país, con participación de policías federales, estatales y locales mediante acuerdos con el DHS.
Ante las crecientes protestas, Trump ha renovado amenazas de invocar la Ley de Insurrección, mientras el Pentágono mantiene listos a 1,500 soldados para un posible despliegue. La aprobación pública del presidente en materia migratoria ha disminuido según encuestas recientes, y demócratas en el Congreso —incluidos legisladores como Nydia M. Velázquez y Ruben Gallego— han exigido restricciones al uso de fondos, como prohibir arrestos en hospitales, iglesias, tribunales y otros lugares sensibles, así como exigir que los agentes muestren identificación y no usen máscaras.
Sin embargo, con el control republicano del Congreso y la vigencia del paquete presupuestal hasta 2029, las opciones para frenar el gasto son limitadas. El DHS ya ha comprometido 58,000 millones de dólares del fondo adicional, gran parte de ellos para la construcción del muro fronterizo.
Mientras tanto, legisladores progresistas han advertido que no respaldarán asignaciones futuras sin cambios significativos en las operaciones de ICE, e incluso han planteado la necesidad de desmantelar por completo a la agencia.
Imágen cortesía: El Español
