5 de diciembre de 2025
En una sesión marcada por gritos, carteles y acusaciones cruzadas de “huachicol del agua”, el Senado de la República aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, la nueva Ley General de Aguas que reforma la Ley de Aguas Nacionales y fortalece el control del Estado sobre el recurso hídrico.
La minuta, enviada por la Cámara de Diputados, fue recibida y aprobada en menos de dos horas mediante dispensa de todos los trámites, lo que desató el rechazo inmediato de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, quienes denunciaron un proceso autoritario y alertaron que la reforma abre la puerta a la expropiación indirecta de concesiones de agua en el campo.
Entre los cambios más polémicos destacan:
- Restricciones a la transmisión de concesiones: al vender una parcela, el agua ya no se transfiere automáticamente al nuevo dueño; la autoridad (Conagua) deberá reasignarla en un nuevo título, aunque la ley establece un plazo máximo de 20 días hábiles.
- Prórrogas de concesiones deben solicitarse hasta con tres años de anticipación.
- Endurecimiento de penas por extracción ilegal y por corrupción de funcionarios (hasta 14 años de cárcel).
- Creación de un programa para evitar el acaparamiento y la concentración excesiva de volumen concesionado.
Durante el debate, senadores de oposición desplegaron mantas con la leyenda “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza”, mientras legisladores de Morena y aliados respondieron con cartulinas que decían “El agua es un derecho, no un negocio”.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó que la reforma despoja a los campesinos del valor de sus tierras al separar el agua de la propiedad, mientras el líder de Morena, Adán Augusto López, citó el artículo 49 para desmentirlo y afirmó que el nuevo título se expedirá “sin análisis de disponibilidad” y con el mismo volumen y plazo remanente.
Se vivieron momentos de alta tensión cuando legisladores de ambos bloques se acusaron mutuamente de defender intereses de grandes concesionarios, incluidos exgobernadores y ex presidentes.
La oposición anunció que presentará acciones de inconstitucionalidad y advirtió que la ley afectará la inversión en el campo, la producción de alimentos y la certeza jurídica de miles de agricultores y ganaderos.
La reforma pasa ahora al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
Imágen cortesía: Senado
