El Senado de la República recibió la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum para aplazar hasta 2028 la segunda elección judicial en México.
La propuesta fue entregada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo.
De acuerdo con la iniciativa, el cambio busca facilitar la participación ciudadana, evitar una jornada electoral saturada en 2027 y fortalecer el proceso de renovación dentro del Poder Judicial.
Sheinbaum explicó que la propuesta surgió tras una evaluación encargada a Luisa María Alcalde, debido a la cantidad de cargos que se elegirán en 2027. La mandataria señaló que, de mantenerse la elección judicial en ese año, los ciudadanos tendrían que votar en casillas distintas: una para cargos ordinarios como gubernaturas, alcaldías y diputaciones, y otra para integrantes del Poder Judicial.
En caso de ser aprobada, la jornada electoral judicial se realizaría el domingo 4 de junio de 2028.
Durante esa elección se renovarían cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistraturas de tribunales colegiados de circuito, 385 juzgados de distrito, así como 424 magistraturas y 2 mil 831 juzgados locales en 25 entidades federativas.
La iniciativa también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el objetivo de verificar requisitos formales y unificar criterios de evaluación, incluyendo exámenes de conocimientos.
Además, la propuesta contempla reducir el número de candidaturas: para la Suprema Corte de Justicia de la Nación pasarían de 81 a 54; para el Tribunal de Disciplina Judicial, de 45 a 30; y para el Tribunal Electoral, de 63 a 42.
La reforma también busca simplificar la papeleta electoral, permitiendo que cada elector vote por un juez y un magistrado por especialidad, entre candidaturas postuladas y juzgadores que busquen la reelección.
Otro de los puntos incluidos es permitir que la elección judicial de 2028 pueda coincidir con una eventual revocación de mandato, además de que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de partidos políticos.
