Washington, 21 de octubre de 2025 — Un grupo de sindicatos ha presentado una demanda contra la Administración Trump, alegando que un programa federal de vigilancia de actividades en redes sociales viola la Constitución de Estados Unidos. La acción legal, interpuesta en un tribunal federal, sostiene que la supervisión sistemática de las cuentas de inmigrantes y residentes extranjeros en plataformas digitales representa una infracción directa a la Primera Enmienda, al limitar la libertad de expresión y fomentar un ambiente de autocensura entre las comunidades afectadas.
Según la petición, el programa —implementado como parte de las políticas migratorias endurecidas de la administración— obliga a los solicitantes de beneficios migratorios, como visas o ajustes de estatus, a entregar sus historiales completos de redes sociales. Los demandantes argumentan que esta medida no solo invade la privacidad, sino que se utiliza para penalizar a quienes expresan críticas al Gobierno o participan en actividades activistas, creando un “clima de censura” que disuade el debate público y la participación cívica.
Los sindicatos involucrados, que representan a trabajadores inmigrantes en sectores como la construcción, la hostelería y el cuidado de la salud, describen el programa como una herramienta de intimidación diseñada para silenciar voces disidentes. “Esta vigilancia no busca seguridad, sino control”, afirmaron en un comunicado conjunto, enfatizando que afecta desproporcionadamente a comunidades latinas y asiáticas, donde el uso de redes sociales es esencial para mantener lazos familiares y organizar apoyo mutuo.
La demanda busca una orden judicial para suspender inmediatamente el programa y declarar inconstitucional su aplicación. Abogados de los demandantes citaron precedentes como el caso Carpenter v. United States (2018), que protegió la privacidad de datos digitales, y argumentaron que la recolección masiva de información en línea sin causa probable equivale a una búsqueda irrazonable bajo la Cuarta Enmienda.
La Administración Trump no ha emitido un comentario oficial sobre la demanda hasta el momento, pero fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han defendido previamente estas medidas como necesarias para identificar “amenazas potenciales” en el contexto de la inmigración. Este litigio se suma a una serie de desafíos legales contra las políticas de la era Trump, que han sido parcialmente revertidas y ahora reimplementadas en su segundo mandato.
Expertos en derechos civiles advierten que, de prosperar la demanda, podría sentar un precedente clave para regular la vigilancia digital gubernamental, especialmente en un momento en que las redes sociales son un pilar de la expresión política. El caso está programado para una audiencia inicial en las próximas semanas.
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